Ha sido asesor de ministros y de empresas. Es experto en comunicación política y hoy está a cargo de la Secretaría de Comunicación (Secom).

Andrés Michelena conversó con este Diario sobre el informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación.

El CPJ destaca el giro que ha dado el Gobierno en la tolerancia con la crítica y el respeto a la labor periodística.

Según el CPJ, hay un giro de 180 grados en el Gobierno de Moreno. ¿Qué motivó al presidente Lenín Moreno a dar ese giro?

Un Estado en el que impera la represión hacia los medios de comunicación y los periodistas no es un Estado democrático. El Gobierno del presidente Lenín Moreno, defensor permanente de los derechos humanos y de la democracia, no podía permitir que se continuaran perpetrando prácticas en contra del Estado de derecho. Estamos en un momento clave de la historia nacional; la libertad de expresión es un derecho humano y como Estado estamos en la obligación de garantizarla, pero con responsabilidad por parte de los medios.

El informe del CPJ destaca un clima de respeto para el trabajo de periodistas y medios. ¿Esto contribuye a recuperar la democracia en el país?

Para hablar de democracia es necesario respetar un derecho fundamental como es el de la libertad de expresión, solo así los medios de comunicación podrán ejercer libremente su misión. La ciudadanía debe contar con acceso a la información de calidad, basada en la libertad de expresión. Como lo ha expresado el Presidente, la crítica contribuye al fortalecimiento de la democracia, es asesoría gratuita para quienes estamos en la administración pública.

El CPJ remarca que el Presidente  reconoce el papel vital de los medios libres e independientes para investigar y destapar la corrupción. ¿Eso incluye a su propio Gobierno?

Hoy, en un Gobierno en el que la apertura al diálogo y la libertad de expresión prevalecen, los medios de comunicación tienen total apoyo para la denuncia de casos de corrupción, de anteriores gobiernos, de este gobierno y de los que vengan.

¿Moreno dialogará al interior de su movimiento para lograr la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC)?

Las reformas a la LOC no se hicieron exclusivamente desde el Gobierno Nacional, son la recopilación de las observaciones y aportes que realizaron diversos actores que participaron en todos los encuentros con gremios de periodistas, académicos, organizaciones sociales y medios de comunicación, entre otros. No se trata de negociar, más aún cuando planteamos una propuesta que ha surgido del diálogo con la ciudadanía y que busca el interés nacional por recuperar un derecho que nos fue arrebatado.

El CPJ señala que los periodistas aún enfrentan la presión de funcionarios. ¿Cómo puede el Ejecutivo evitar esas presiones de sus altos cuadros?

Desde el Ejecutivo no existe ninguna presión sobre los periodistas. El Presidente de la República ha manifestado su respaldo a la libertad de expresión y al libre ejercicio de esta profesión, el periodismo. Si algún miembro o funcionario del Gobierno está realizando prácticas alejadas de estos principios debe ponerse en conocimiento del propio Presidente.

¿Usted cree que los funcionarios públicos deben abstenerse de presentar denuncias penales por difamación contra periodistas?

Existe y debe seguir existiendo el derecho a la réplica. Ir al campo penal siempre será una medida excesiva, pero nuestra propuesta conserva artículos que protegen el buen nombre y la honra de las personas. Además, da atribuciones claves a la Defensoría del Pueblo para que realice su trabajo acorde a los principios constitucionales, que justamente está acorde a la protección de los derechos humanos. Los funcionarios públicos debemos ser más tolerantes con la crítica y nuestro comportamiento debe ser transparente y honesto para evitar escándalos en el ejercicio del trabajo a futuro.

Los gremios periodísticos están preocupados por las atribuciones que tendrá la Defensoría del Pueblo. Existe la sospecha de que la estructura legal de las sanciones a medios y periodistas se mantenga en la ley. ¿Será así?

La propuesta de reforma presentada por el Ejecutivo elimina el régimen sancionatorio de la ley. Eso implica la supresión de su institucionalidad, encarnada en la Supercom. La Defensoría del Pueblo asume lo correspondiente a los derechos a la comunicación e información, no representa de ninguna manera asumir la estructura y funciones de la Supercom, pues se elimina. La Defensoría ejecuta una atribución constitucional que es garantizar el derecho a la comunicación e información.

La Presidencia no puede abolir la Ley de Comunicación, pero sí puede restarle prioridad a su aplicación, a través de un decreto presidencial. ¿Por qué el Gobierno no ha optado por este camino?

Lo ha adoptado de la mejor manera. En cinco años la Supercom realizó 755 sanciones. Durante el ejercicio del gobierno del presidente Lenín Moreno solo ha existido una. La Constitución, aprobada en 2008, estableció, mediante una disposición transitoria, que exista una ley para garantizar los derechos de la comunicación.

Igualmente, el pueblo ecuatoriano se pronunció favorablemente en la consulta popular de 2011. En ese sentido debe existir una ley. Sin embargo, como Ejecutivo hemos planteado las reformas para que no exista abuso y discrecionalidad del poder sobre el ejercicio periodístico.  

La UNP considera que algunos artículos de la ley son ambiguos y quedan abiertos a la interpretación flexible. Por ejemplo, los artículos 61 y 66 que prohíben la publicación de contenido discriminatorio y violento que denote el uso intencional de la fuerza.

Nosotros planteamos una propuesta sobre la mesa para abrir el debate público y legislativo. Todas las observaciones son bienvenidas para el tratamiento en la Asamblea Nacional y, posteriormente, la última revisión que pasará por un posible veto parcial que recoja las observaciones de todos los involucrados.

Es indispensable recordar que como parte de la política de diálogo nacional, la Secom (Secretaría de Comunicación) ha realizado 19 encuentros a nivel nacional para recibir observaciones de todos los sectores, a través de mesas de diálogo, eventos académicos y presentaciones. Es un planteamiento legal que recoge las aspiraciones de múltiples voces.

Para el CPJ otro elemento sensible es eliminar cualquier norma que censure a los periodistas. ¿Cómo ratificar ese principio en el debate?

No se puede censurar la tarea de los periodistas. Un periodismo libre abona fuertemente a la consolidación de un régimen democrático. Solo debe abonarse en la responsabilidad ulterior, como mecanismo que cualquier profesional en cualquier rama tiene respecto a su trabajo. (I)