El Estado, a través del Ministerio de Justicia, ya ha ejecutado, en su mayoría, la sentencia dictada el 27 de junio de 2012 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), en el litigio ‘Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku contra Ecuador’. Sin embargo, no se ha concluido porque José Gualinga, presidente de esa comunidad, pidió postergar la fecha de ingreso del Estado a ese territorio y, ahora, está  pendiente debido al conflicto generado al otorgar refugio a tres fugitivos de la justicia.

Al Estado se lo responsabilizó de los daños al otorgar, en 1996, una concesión a la empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC) para explotar el Bloque 23.

Según la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, la sentencia de la Corte-IDH establece dos aristas importantes de cumplimiento por parte del Ecuador: hacer la extracción de la pentolita que está en el territorio de Sarayaku y la obligación que tiene el Estado de realizar la consulta previa en caso de que exista la intención de hacer exploración y explotación petrolera.

En cuanto a la extracción del material explosivo, que la CGC sembró en 2003 para iniciar la exploración de crudo, ya se realizó un primer ingreso y se retiró la pentolita superficial. Se ha buscado ingresar por segunda vez para continuar con la subterránea, pero esto no se ha concretado porque, a través de un correo electrónico, Gualinga dijo que tenían una agenda “complicada” por los preparativos del VII Congreso Sumak Kawsay, que se llevó a cabo el pasado 24 de abril, en donde se decidió dar protección a Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y a Carlos Figueroa, sentenciados por injuriar al presidente Rafael Correa.

“Hemos estado cumpliendo con la sentencia en cuanto a la extracción de la pentolita. El último intento se realizó en abril, pero fue aplazado”, confirmó Zúñiga. Sin embargo, resaltó: “Como Estado ecuatoriano estamos haciendo el seguimiento para poder ingresar”.

En esa misma solicitud de ingreso se propuso pedir las disculpas públicas a la comunidad, ya que las que fueron realizadas por el Estado en los medios de comunicación por el exministro de Justicia, Lenin Lara Rivadeneira, el 14 de noviembre pasado, no cumplieron las expectativas del pueblo Sarayaku.

Según la sentencia de la Corte-IDH, el Estado debe primero consultar y acordar el lugar y forma del acto con el pueblo. Además se deberá realizar una ceremonia pública con autoridades del Estado y de Sarayaku, en kichwa y castellano.

Sobre la consulta previa que el Estado debe elaborar en el eventual caso de pretender realizar alguna actividad o proyecto que implique potenciales afectaciones al territorio de Sarayaku, Zúñiga dijo que esta consulta sería “únicamente en caso de exploración y explotación”.

En cuanto a la exigencia de difundir un resumen de la sentencia en un medio oficial,en uno de mayor circulación y por al menos un año en un sitio Web oficial, Lara informó que el resumen se publicó en diario EL TELÉGRAFO, el 10 de agosto de 2012;en el Suplemento del Registro Oficial Nº 770 el 20 de agosto del mismo año;y se subió a la página Web del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y en el de Recursos Naturales no Renovables y Ambiente.

De igual forma, Lara anunció el año pasado que un total de 7.936 funcionarios de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Defensoría del Pueblo se capacitaron en Derechos Colectivos, sustentados en 4 módulos. Zúñiga dijo además que como parte de este punto se firmó un convenio con la Policía para que, a través del GIR, se pueda seguir con la extracción de la pentolita.

Otra de las cuestiones importantes del tema reparatorio es la liquidación de $ 1’380.000 por daño material e inmaterial, costas y gastos que dispuso la Corte-IDH.

“Esas medidas nada tendrían que ver con la prohibición del ingreso de las autoridades de control para garantizar la seguridad de Sarayaku”, aclaró Zúñiga, quien expresó que  el Gobierno denunciará en una audiencia ante la Corte-IDH el supuesto mal uso que se ha dado a las medidas cautelares.

Para esto Zúñiga viajará con el procurador del Estado, Diego García, a la sede de la Corte-IDH, donde tendrá una reunión informativa y preventiva (leer entrevista).  

Mientras tanto, los diálogos entre el Gobierno y la comunidad han sido permanentes. La secretaria de la Política, Viviana Bonilla, indicó que la gobernadora de Pastaza, Denisse Coka, se ha reunido con los dirigentes de las comunidades indígenas Pacacu, Jatumolina, Sarayativo y Canelos, quienes no están de acuerdo con la posición de la comunidad Sarayaku de proteger a prófugos de la justicia, como lo evidenció el comunicado del Consejo Kichwa de Pastaza, emitido el 8 de mayo.