Como medida para controlar el flujo migratorio en la frontera, desde este sábado 1 de septiembre entrará en vigencia el pedido de la cédula de identidad apostillada o certificada a los venezolanos que quieran ingresar al país.

El pasado 24 de agosto la justicia aceptó el pedido de medidas cautelares contra el requisito del pasaporte para ingresar al Ecuador, acción que había tomado el Ministerio del Interior del Ecuador.

La Defensoría del Pueblo realiza un seguimiento al dictamen. Esta medida se da tras la reducción significativa del ingreso de venezolanos al país.

Según la Cancillería, de 5.000 migrantes por día, cifra tope durante la crisis, ahora ingresan 1.200.

A inicios de semana, el canciller José Valencia había informado que entre enero y el 27 de agosto del 2018 ingresaron al país 641.353 venezolanos, de los cuales el 20% lo hizo con cédula. En ese mismo periodo salieron 524.857. Es decir, 116.496 ciudadanos se quedaron en el país.

El pedido de la cédula certificada entra en vigencia una vez que este viernes 31 de agosto finalizó el servicio del corredor humanitario que implementó el Gobierno para la movilización de migrantes de forma ordenada y segura, en su trayecto hacia Perú.

Las autoridades dijeron que por el momento no es necesario reactivar ese mecanismo y que en el caso de ser necesario lo analizarán en un futuro.

El viernes 31 de agosto, durante la segunda mesa de movilidad humana organizada en la sede de Cancillería, en el norte de Quito, el viceministro del ramo, Santiago Chávez, no precisó las razones para la reducción del flujo migratorio.

Sin embargo, no descartó que sea por las acciones que tomó el Gobierno de pedir la cédula apostillada como requisito en migración.

Ante la interrogante de que todavía se observa a cientos de venezolanos que caminan por la frontera norte, Chávez aclaró que “sería muy visible que ingresen 3.000 personas por vías informales. Eso no está sucediendo”, dijo.

Plan integral de movilidad

En la cita, Gina Benavides, defensora del Pueblo encargada, recordó a las autoridades que en 45 días el Gobierno -como parte del dictamen judicial en contra de pedir pasaportes a venezolanos- debe presentar un plan integral sobre movilidad que cubra las etapas del proceso migratorio.

Las autoridades de la Cancillería aseveraron, por su parte, que las mesas de movilidad permitirán aquello.

Pablo de la Vega, parte de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos “Democracia y Desarrollo”, indicó que existen contradicciones jurídicas respecto de las medidas que adoptó el Gobierno para llevar el tema del flujo migratorio y que al mismo tiempo irrespeta los tratados internacionales.

“Nos llama la atención la respuesta reactiva del Estado. El flujo de migrantes venezolanos no es reciente. Vemos que la Cancillería es cuidadosa en identificar lo que está ocurriendo en Venezuela, donde hay crisis política y venezolana”.

Proyectos de movilidad

Este lunes 3 y martes 4 de septiembre se realizará en Quito un encuentro regional de Movilidad Humana, presidido por viceministros y subsecretarios de movilidad de los países latinoamericanos.

A decir del viceministro Chávez, la cita intenta encontrar soluciones al flujo inusual de venezolanos.

En el caso de Ecuador, que es afectado por la migración venezolana, sus autoridades plantearán una serie de proyectos económicos y humanitarios para la inserción de dichos ciudadanos.

La idea es recibir inversiones para la construcción de escuelas y hospitales; y promover los emprendimientos.

Por eso solicitarán el financiamiento a organismos que están en el sistema de las Naciones Unidas, así como a los bancos Mundial, Interamericano de Desarrollo y a la Corporación Andina de Fomento. Sus representantes estarán en dicha reunión.

Los países solicitarán a Venezuela que implemente políticas para que esa migración sea atendida en los países de acogida. Al cierre de la edición ni dicho país ni Bolivia confirmaban su asistencia a la cumbre. (I)