El tema de los sobornos en la Asamblea, a cambio de trabajo, ya tiene tres denuncias. Así lo anunció ayer el fiscal Paúl Pérez ante la prensa.

Los legisladores denunciados son: Tito Puanchir, de la provincia de Morona Santiago (Pachakutik y miembro del Bloque de Integración Nacional, BIN); Sebastián Palacios, de la provincia de Pichincha (SUMA); y Karina Arteaga, de la provincia de Manabí, (Alianza PAIS).

 El primero fue denunciado por la propia presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, del movimiento Alianza PAIS. Mientras los otros dos casos fueron presentados por las víctimas de supuesta extorsión.

Puanchir explicó que nunca existió ninguna relación laboral ni contratación como asesora o asistente con Martha Campoverde. Ella denunció que el legislador le pidió 10.500 dólares para contratarla como asesora. Sin embargo, Puanchir admitió que recibió un préstamo de ella por 6.000 dólares.

Palacios aclaró que nunca recibió dinero del denunciante. “Me indigna que se quieran aprovechar de la situación que se vive en la Asamblea para desprestigiarme. Me han enviado denuncias contra este señor, las cuales dejan claro el tipo de persona que es”, dijo refiriéndose a quien lo acusó, aunque omitió su nombre.

Andrea Utreras, exasesora de la asambleísta Arteaga,  acudió ayer a la Fiscalía para  presentar una denuncia en contra de ella por presunta extorsión.

 Su abogado Roberto Calderón  explicó que se trata de   un delito de concusión, cuya  sanción va entre tres y cinco años, según el Código Integral Penal (COIP). También dijo que denunciará a Arteaga en la Organización Internacional de los Trabajadores (OIT) y en el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio.

Utreras, quien trabajó en el despacho de Arteaga de enero a marzo de 2018, señaló que su exjefa cobraba a sus cuatro asesores a pretexto de pagar a su movimiento político. “He recibido 8 casos más como el mío. Me dieron el número de la cuenta bancaria de PAIS para hacer los depósitos. La cuota no era opcional, nos  obligaban”, explicó.

Otro testimonio que recibió esta exasesora parlamentaria es contra Johanna Cedeño, de AP. En un chat de Cedeño, del 24 de agosto de 2016, dice: “Vane, ya pagaron el sueldo, necesito que se pongan al día. Deben cancelar el 25% de lo que adeudan hasta diciembre. Todos tenemos necesidades e inconvenientes económicos pero igual tenemos que apoyar”, se lee en el mensaje.

Utreras señaló que el “impuesto al trabajo” no solo se hace en la Asamblea, sino en otras instituciones públicas y a través de redes familiares.

Hay dos denuncias contra  Arteaga en Manabí: su hermano, Ricardo Arteaga, es coordinador zonal de la Secretaría de la Política; su cuñada, María Arteaga, es directora distrital de Educación Chone; y su hija Nadia Álava, es coordinadora zonal de la Secretaría Técnica de Drogas, advirtió Utreras. “Esos familiares de Arteaga exigen dinero a cambio de trabajo en esas entidades. Tengo un video en el que piden coimas a trabajadores que apenas ganan $ 300”, puntualizó.

Hay más testimonios contra asambleístas por el cobro de “diezmos”. Ayer, un exasesor dijo a este diario que un legislador de la Amazonía, hoy independiente, les cobraba $ 100 al mes a cada uno de sus funcionarios. Contó otro tipo de corrupción en el que incurren los legisladores: el intercambio de personal. Es decir, la hermana, esposa o hija no constan en la nómina del asambleísta, sino en la de otro colega.

“Contratan personal de oficina de manera cruzada. Lo mismo pasa en las provincias, gobernaciones y direcciones provinciales”, señaló y pidió no revelar su nombre.  (I)