Un grupo de 10 legisladores de PAIS  solicitó a la Contraloría un examen especial a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios de la Función Ejecutiva en su nivel jerárquico superior, principales y titulares de otras funciones del Estado y Consejos.

El petitorio, entregado ayer al contralor Carlos Pólit, fue firmado por los asambleístas Ximena Ponce, Verónica Guevara, Adriana de la Cruz, Dora Aguirre, Mauricio Proaño, Diego Vintimilla, Ramiro Vela, Raúl Abad, María Augusta Calle y Rosana Alvarado, todos de PAIS.

Ponce dijo que el pedido incluye a todas las funciones del Estado, altos ejecutivos, directivos y a quienes lideran las empresas públicas. “Esto fue un acuerdo entre algunos asambleístas de PAIS porque consideramos que la ética, la transparencia, es uno de los pilares fundamentales de cualquier proceso de transformación de Ecuador”.

La propuesta tuvo una respuesta positiva por parte de Pólit. Ponce recordó que fueron los legisladores, por pedido de Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea, quienes  solicitaron un examen especial de patrimonio para los 135 asambleístas. “Examen que ya concluyó y por ello solicitamos un proceso similar para el resto de funciones del Estado”.

Ese examen a la Función Legislativa fue el segundo, ya que el primero se realizó bajo la presidencia de Fernando Cordero, quien estuvo en el cargo hasta 2014.  “En la época que funcionó el Congreso jamás se efectuó un análisis”, dijo Ponce.

Dos exámenes al Ejecutivo

El Ejecutivo habría planteado ya dos pedidos de investigación a todo el gabinete ministerial. “Han sido revisados sus patrimonios en ocasiones anteriores, lo estamos solicitando y reforzando”, acotó Ponce.

Las empresas públicas son instituciones que operan recursos y toman decisiones de importancia y de trascendencia para la entrega de servicios, “y como cualquier empresa pública deben estar sujetas al escrutinio”.

Cuando se detectan irregularidades se sigue con el procedimiento interno de la auditoría y en el caso de los indicios de responsabilidad pasan a la Fiscalía. Ponce citó el ejemplo del caso de Petroecuador, en donde los pedidos de auditoría se plantearon desde el Ejecutivo.

El examen a los legisladores sigue. En seis declaraciones de bienes se encontraron irregularidades por lo que la Contraloría envió los expedientes a la Fiscalía. “En semanas posteriores tendremos una respuesta del contralor”, dijo Ponce sobre el pedido de auditoría a la Función Ejecutiva.

Ponce indicó que uno de los compromisos de la reunión con Pólit “fue agilizar el pedido y dar los resultados de la estrategia que se va a seguir para llevar adelante el examen”.

El asambleísta Raúl Abad cuestionó por qué, si los legisladores han tenido 2 exámenes especiales, no se ha realizado ese proceso al resto de funciones del Estado. El Ejecutivo ha pedido en dos ocasiones que se realicen estudios a los ministros entrantes y salientes. “Yo pregunto si antes de 2007 se hacía algún examen al Congreso Nacional o a algún ministro. Ahora estamos demostrando que las cosas se deben realizar con transparencia”.  

Para Abad, el pedido se relaciona al pacto ético que planteó el presidente Correa el 24 de mayo. “No se puede ser candidato cuando saco mi dinero en paraísos fiscales. Seamos honestos internamente”. (I)

Rivadeneira: "No vamos a caer en el grito"

La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, explicó que la suspensión por un mes a la asambleísta Magali Orellana, por parte del Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL), fue por emprender actos y palabras violentas en el pleno. La titular del Legislativo expresó que la sociedad y los propios mandantes deben exigir una mayor cordura, sensatez y responsabilidad a los parlamentarios.

Indicó que esta sanción se da en momentos en que la Función Legislativa  busca rescatar la institucionalidad y recobrar la confianza de la ciudadanía, luego del anterior Congreso Nacional que “era el del cenicerazo, el grito y la pistola”.

“Creo que hemos dado un paso muy importante de madurez política del país, al exigir que el Parlamento responda a la altura del debate que requiere la ciudadanía. Me parece paradójico que la opinión pública se haya fijado en la sanción, mas no en lo que produjo esa sanción”.

Rivadeneira señaló que la Ley Orgánica de la Función Legislativa reconoce en el artículo 165 cuáles son las faltas por las que un asambleísta puede ser sancionado.

“Son 137 asambleístas, y todos tenemos derecho a la palabra. Siempre se ha equilibrado que exista en el debate en el pleno la palabra de todos los partidos y movimientos políticos, indistintamente del rostro de la persona”.

“Mientras yo sea presidenta de esta función del Estado, procuraré que las prácticas políticas estén a la altura de lo que la ciudadanía espera de un debate parlamentario. No vamos a caer en que nuevamente ese espacio sea el del grito, del insulto y de actos de violencia”, enfatizó Rivadeneira la noche del pasado lunes. (I)