Diciembre de 2015, la fecha tope para aprobar enmiendas

En los próximos 2 meses la coyuntura política podría concentrarse en la Asamblea Nacional. El  proyecto de ley de Tierras, el proyecto de la ley de Uso de Suelo, las reformas al Código de Trabajo y el proyecto de 17 enmiendas constitucionales que el bloque de Alianza PAIS envió a la Corte Constitucional (CC) son algunos de los temas prioritarios en la agenda inmediata.

Sobre este último tema (las enmiendas constitucionales), una vez que reciban la resolución de la Corte Constitucional, ¿cuál será el cronograma para la Asamblea?

El cronograma que nos hemos planteado lógicamente establece el cumplimiento de entrada en vigencia de cualquier normativa que altere el proceso electoral, un año antes de que se vierta el mismo. De tal manera que la fecha tope para aprobar el paquete de enmiendas debería ser diciembre de 2015. Para eso hemos tratado de ajustar los tiempos, presentando nuestra propuesta de enmienda a la CC hace un par de meses y esperamos que a fines de este mes o máximo a mediados de noviembre la Corte entregue a la Asamblea la resolución para empezar el trámite correspondiente, lógicamente identificando dentro de esa resolución si la Corte valida que todos los temas vayan por enmienda a través del Legislativo. De ser así, nuestra tarea sería  conformar una comisión especializada de asambleístas que dé lectura y avoque conocimiento de la resolución y que proponga un informe al pleno para el primer debate. Desde ahí se cumpliría con los plazos que establece la Constitución: desde el primer debate tenemos 12 meses y al treceavo mes podríamos ir al segundo debate del paquete de enmiendas. Así cumpliríamos con los tiempos para que pueda entrar en vigencia, por ejemplo,el tema de la reelección para 2017.

El contralor del Estado, Carlos Pólit, ha criticado la propuesta de enmiendas a los artículos 211 y 212 de la Constitución. ¿Cuál es su criterio al respecto?

En el paquete de enmiendas se pidió eliminar la competencia de medición de gestión. Es decir, la Contraloría General tiene la obligación de dar seguimiento y vigilar el buen uso de los recursos públicos del Estado cuando es un tema de ejecución presupuestaria; debe dar adecuado seguimiento en el proceso de contratación,  controlar los bienes y recursos que utilizan las instituciones públicas, mas no su gestión. Es algo loco pensar que el Contralor, porque son temas muy subjetivos, califique   la gestión, que ancle el tema del control de  bienes con  la gestión. Hemos recibido quejas de los gobiernos autónomos descentralizados y de otras funciones del Estado de que el nivel de gestión se mide por el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Buen Vivir, mas no es una tarea que el Contralor deba ejercer.  Ya hemos presentado nuestros descargos frente a cada uno de los artículos para la enmienda y es la CC la que tiene la última palabra en ese tema.

¿El Contralor expresó su preocupación ante la Asamblea?

De ninguna forma, no ha tenido ningún acercamiento, no ha elevado ningún tipo de consulta o de recomendación a la Asamblea Nacional frente a las competencias que la Contraloría establece o frente a los artículos de enmienda.

¿Por qué plantear en ese paquete de enmiendas a la comunicación como un servicio público?

Recordemos que eso fue debatido dentro de la Ley de Comunicación: cómo la información se garantiza con medios de comunicación que puedan democratizarse y que sean representantes no de la banca, ni del poder económico, sino de la ciudadanía. Al plantear eso dijimos que los medios no deben ser corporaciones que manejen información sino  medios que la faciliten y hablamos de la importancia de la información como servicio público porque además nos pertenece a todos los ecuatorianos.

¿Qué implicaciones tendría esa enmienda en la Ley de Comunicación o de Telecomunicaciones?

Tal vez, pero para eso tenemos todavía un año, el que toma el debate de la enmienda, donde se  dilucidará cuáles son los puntos que van anclados a otras reformas  puntuales, pero solamente una vez que la enmienda se apruebe en segundo debate dentro de la Asamblea Nacional.

Dentro de la agenda inmediata de la Asamblea está la Ley de Tierras. La oposición cuestiona los procesos de socialización y hay quienes piden una consulta prelegislativa. ¿Cómo avanza el trámite legislativo?

La consulta prelegislativa no es necesaria en sí misma porque la ley no  afectará derechos colectivos. Lo que estamos tratando es una ley  que establece principalmente  una redistribución efectiva de la tierra,  un sistema de reordenamiento que faculte cuáles son tierras de cultivo, de producción y cuáles deben ser reservas. En ese caso no afecta derechos colectivos, por eso  empezamos con la socialización en varias provincias y la Comisión de Soberanía Alimentaria seguirá haciéndolo. La consulta prelegislativa es obligatoria en temas que afectan derechos colectivos y no es vinculante, pero sí recoge elementos. En la socialización se recogen argumentos e inquietudes de la ciudadanía y lo hemos hecho todo este año, sin esperar que la gente venga a la Asamblea en Quito sino que la misma se mueva. No solamente es un procedimiento adecuado de socialización y de participación sino la construcción paulatina del poder popular.

Las organizaciones sindicales en alianzas con la Conaie anuncian una movilización para el próximo mes, al parecer, por la Ley de Tierras y para exigir un nuevo Código Laboral. ¿Cómo se  prepara la Asamblea para este escenario?

En primera instancia, no es nada nuevo porque en la misma socialización, cuando se hizo la consulta prelegislativa para la Ley de Aguas, fueron los mismos dirigentes de la Conaie y de la Ecuarunari quienes participaron del proceso y, sin embargo, al final tuvieron una posición férrea a la aprobación de la ley. Es un modo de mantenerse en vigencia política y ser parte de esa campaña sistemática de desestabilización y desprestigio de las organizaciones  que formamos parte del proceso de la Revolución Ciudadana. Son dirigentes que se han opuesto a toda ley. Por ejemplo, las mismas centrales sindicales que se oponen al Código del Trabajo han estado en la Asamblea Nacional y han formado parte de los debates.

¿Qué pasará con el Código de Trabajo?, ¿habrá reforma o una nueva ley?

El Código de Trabajo es una aspiración histórica del sector trabajador que ha sido parte sustancial del proceso de la Revolución. El Código tiene 5 propuestas, uno de ellos presentado por el mismo FUT, el otro se presentó en un acto simbólico y fue elaborado por el Ministro de Relaciones Laborales  anterior (Francisco Vacas) sin acoger para nada un proceso de revolución del trabajo. Por ello, Carlos Marx Carrasco está trabajando en conjunto con la  Comisión (de Derechos de los Trabajadores).  Queremos dar un aporte incluso al mundo en temas de relaciones laborales, vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario para elaborar un texto que marque una pauta. Seguiremos trabajando con el Ministerio, con los sindicatos, las centrales de trabajadores y los obreros. Pero hay que hacer cosas inmediatas, por eso iniciaremos con algunas reformas.

¿El proyectos de reformas vendrá del Ejecutivo o saldrá de la Comisión?

El Ministerio está planteando reformas puntuales, pues al Ejecutivo le corresponde garantizar el cumplimiento de derechos  y propondrá el despido nulo para mujeres embarazadas, lo que sería un avance contra lo que es violencia de género. Nosotros  estamos proponiendo otros temas. Es sustancial para la Asamblea el  voto universal secreto en todos los sindicatos para elegir a sus dirigentes. Eso es urgente porque gracias a esa renovación sindical  podremos seguir trabajando en un Código apegado a las necesidades reales del trabajador y no a ciertos dirigentes, enquistados en la dirección sindical por más de 20 años. Este año sería importante   hacer el primer debate.