El llamado a un diálogo amplio al que invitó el presidente Lenín Moreno a la dirigencia de la marcha indígena, no fue acogido totalmente.

Los indígenas, que se concentraron en el sector del parque El Arbolito y el Ágora de la CCE, hasta este jueves 10 de octubre de 2019 se negaban a conversar con el Gobierno para buscar una salida consensuada a los reclamos por la eliminación de los subsidios a los combustibles.

La situación se complicó por la retención de 10 policías que llegaron a conversar con ellos para retirar un vehículo policial de esa zona. También retuvieron a 31 periodistas, pero todos fueron liberados, según informó la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

Ella insistió en que hay intentos por desestabilizar al país con intereses políticos. Mencionó que se detuvo a 17 extranjeros y un ecuatoriano en el aeropuerto de Quito con información sensible sobre la movilización del presidente, Lenín Moreno, y del vicepresidente Otto Sonnenholzner.

Los indígenas argumentaron su negativa para conversar por lo que llaman excesiva represión que, según ellos, provocó la muerte de dos de sus compañeros. Sin embargo, Romo descarta que los fallecimientos se deban a enfrentamientos con las fuerzas del orden.

No obstante, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, dijo que hace varias semanas se instalaron mesas de diálogo con indígenas y campesinos para impulsar la actividad agrícola.

Señaló que ellos recibieron la propuesta del Gobierno y esperan que haya voluntad de sentarse a conversar para alcanzar acuerdos que posibiliten el desarrollo del país. “Dimos un primer paso; esperemos que planteen iniciativas para desarrollar su sector. Pero no dejaremos que los subsidios beneficien a quienes no lo necesitaban”.

Sin embargo, las organizaciones indígenas decretaron su propio estado de excepción en sus territorios ancestrales. Advirtieron que si militares o policías ingresan, les aplicarían su propia justicia.

Para María Fernanda Bastidas, docente de Derechos Humanos de la Universidad Internacional del Ecuador, los indígenas tienen libertad de acción en sus territorios, según estipula la Constitución de Ecuador, y el artículo 4 de la Declaración Universal de Nacionalidades Indígenas.

Pero ese instrumento internacional, en su artículo 35, señala que sus decisiones serán para “determinar responsabilidades en los individuos de sus comunidades”.

Para Andrés Albuja, analista económico, la Carta Política debe reformarse, pues sus principios deben aplicarse a todos por igual y ningún grupo puede estar por encima de otro. El experto cree que esto ha incidido en la actitud extrema de las marchas indígenas.

En cambio, José Alancastro, docente de la Universidad Católica, subrayó que las posturas del Gobierno y del movimiento indígena no son irreconciliables. “Hay alternativas ya presentadas que pueden perfeccionarse mediante un diálogo”. (I)