La táctica para una posible destitución de la asambleísta de CREO, Ana Galarza, está definida y tiene el respaldo de una mayoría legislativa.

Hasta el martes 5 de febrero no existía apoyo unánime por uno de los dos informes de la comisión que indagó a Galarza. No convencía el de mayoría, que pide solo una sanción administrativa; tampoco el segundo, que propone su salida.

La solución fue crear una tercera alternativa, que incluye las presuntas evidencias que no fueron investigadas por la comisión multipartidista porque se conocieron en las últimas semanas.    

Una de ellas son los correos donde Francisco Sevilla, esposo de Galarza, aparece como parte del despacho legislativo. Eso puede configurarse como una arrogación de funciones públicas. También están las facturas donde se evidencia que su asesor, Omar Mayorga, cobraba un sueldo en la cooperativa de transporte Pelileo. Eso está prohibido por la ley.

Estas y otras denuncias se reúnen en una moción de resolución que se presentará en la sesión del pleno.

La redacción está a cargo de la bancada de Revolución Ciudadana (RC). Su coordinador, Cristóbal Lloret, está seguro de contar con el respaldo de otras fuerzas políticas, que ya han hecho pública su posición en el caso.

En la bancada de Alianza PAIS (AP) hay más voces que se suman a la destitución de la legisladora de CREO. La asambleísta, aliada del Partido Socialista, Silvia Salgado, lo dijo la semana pasada y el miércoles 6 de febrero lo sostuvo Ximena Peña. Además, Peña aseguró que todos los integrantes de PAIS votarán a favor de esa resolución.

El Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG) sigue esa línea. Tres de sus voces más fuertes, Cristina Reyes, Vicente Taiano y César Rohón, han hecho públicos sus criterios a favor de la destitución.

En el caso de SUMA, Gabriela Larreátegui, aseveró que deberá analizarse esa resolución. Sin embargo, ella apoya la destitución.

Si se concreta la unión de estas cuatro fuerzas políticas superarán los 71 votos necesarios para definir el futuro de Galarza. Esta cifra se conseguirá al sumarse los 41 miembros de Alianza PAIS; los 31 de Revolución Ciudadana; los 15 socialcristianos y los 6 de SUMA.

En cambio, la bancada de CREO aseguró que presentar una tercera resolución invalidaría el debido proceso con el cual se ha juzgado a Galarza.

El coordinador del bloque, Homero Castanier, sostuvo que el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Judicial (que norma el proceso para destituir a un asambleísta) no señala una tercera resolución, sino solamente un informe de la comisión investigadora.

Pero la bancada de la Revolución Ciudadana subraya que la presentación de una resolución no atenta contra las normas legislativas.

Según Lloret, el mismo artículo 164 dice que los informes de la comisión no son vinculantes y que el pleno es la última instancia. (I)

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“Evidencias de concusión y arrogación de funciones”

El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronny Aleaga, presentó el miércoles 6 de febrero más documentación sobre las supuestas irregularidades ocurridas en el despacho de la asambleísta Ana Galarza.

Él sostuvo que existen evidencias para investigar a la legisladora por delitos como concusión, enriquecimiento ilícito, uso doloso de documentos públicos y arrogación de funciones.

Para Aleaga es necesario que las autoridades judiciales sigan con la investigación, independientemente de los resultados del proceso que se sigue en la Fiscalía. Sin embargo, declaró que confía en que la destitución de la legisladora de CREO tendrá el apoyo suficiente.

La Fiscalía abrió una indagación previa contra Galarza. En su expediente piden informes a la Unidad de Análisis Financiero y Económico; a la Contraloría y a la Asamblea. Lenín Rodríguez, quien trabajó con Galarza, también denunció en la Fiscalía.

Pidió a su exjefa que hiciera públicas las supuestas pruebas contra periodistas, legisladores y autoridades que se unieron por su destitución. (I)