Este 2020, los gremios de trabajadores, sindicatos y movimientos a favor del sector laboral no saldrán a recorrer las principales calles del país, en cumplimiento del aislamiento para evitar la propagación del covid-19.

Los pedidos y cuestionamientos se harán a través de las redes sociales. La pandemia, la crisis económica y la histórica caída del precio del petróleo han provocado despidos tanto en empresas privadas como públicas.

La Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), no entregó el pasado 27 de abril los indicadores de empleo hasta marzo debido a la crisis sanitaria que azota al país.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la tasa de desempleo cerró en 2019 con el 8,1% en América Latina y el Caribe, y se pondría peor en 2020, sin prever la debacle económica por la pandemia del coronavirus.

“Los efectos del covid-19 generarán la recesión más grande que ha sufrido la región desde 1914 y 1930. Se prevé un fuerte aumento del desempleo con efectos negativos en pobreza y desigualdad”, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En Ecuador se plantean alternativas para evitar los despidos. Tres sindicalistas exponen sus criterios.

Ríchard Gómez. Central Única de Trabajadores (CUT) Nacional

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Ríchard Gómez está al frente de la Central Única de Trabajadores (CUT) Nacional desde agosto de 2019. Dice que este 1 de mayo será sui generis, pues los pronunciamientos y las posturas oficiales se realizarán a través de las redes sociales y no en las calles.

En cuanto al proyecto de ley humanitaria enviado por el Ejecutivo a la Asamblea, indica que si bien el gremio lo rechazó, “hay una condición que es plausible desde el punto de vista fáctico y es el tema de acuerdos entre el empleador y el trabajador”.

Se refiere al pago de remuneraciones, derechos, horario de trabajo, “eso nos parece bien desde el punto de vista fáctico”. Sin embargo, resalta que -en la práctica- si no hay un legítimo contrapeso en la relación laboral se convierten en medidas regresivas.

“Pensar que un empleador que tiene los recursos y el dinero puede negociar con el trabajador una forma de pago, en el cumplimiento de sus derechos para garantizar la estabilidad, nos parece que es una falacia porque en la práctica eso no existe”.

Como alternativa propusieron a la Comisión de Desarrollo Económico que en las empresas que estén mal económicamente y necesiten llegar a acuerdos con sus trabajadores para proteger el empleo y no quiebren, “se constituya una organización sindical de manera libre y voluntaria, como lo reconocen los propios acuerdos internacionales de la OIT ratificados por el Ecuador”.

Este comité o sindicato, en principio -explica- de carácter colectivo, es el que puede negociar con el empleador para que se llegue a acuerdos mínimos en materia laboral. Todo trabajador va a buscar que su empresa no quiebre porque se queda sin trabajo. “Pero sí puede haber ahí una negociación, justamente en la negociación colectiva”.

En la negociación individual, enfatiza Gómez, no hay una negociación entre empleador y trabajador. “Ahí lo que existe es una imposición. Esa práctica de manera impositiva es la que plantean las Cámaras y es en lo que nosotros no estamos de acuerdo”.

En ese sentido, la CUT presentó este jueves 30 de abril de 2020 una medida cautelar contra el impuesto a la remuneración, así como contra la reducción de sueldos, horas de trabajo, cambios unilaterales y disminución en la jornada de trabajo.

Cristóbal Buendía. Federación de Trabajadores Públicos y Privados

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Cristóbal Buendía es abogado laboral y procurador general de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados hace un año y ocho meses.
Para él, la protección del trabajador y su empleo, en medio de la crisis sanitaria, es una temática contemplada en la ley humanitaria.

“Nosotros planteamos que los fondos que vamos a aportar tanto los trabajadores como los empleadores -en relación a un porcentaje de sus utilidades de 2019- se destinen exclusivamente a la conservación del empleo”.

Para ello -explica- hay que dotar de los recursos económicos a los empleadores para que mantengan sus nóminas. “Es decir que si mañana un empleador no tiene la liquidez suficiente para pagar los salarios, pueda acceder a una línea de fondos que se nutra de estas aportaciones de los trabajadores y empleadores, para que a su vez esos recursos sean destinados al pago de la nómina”.

Una vez que se restituyan las actividades -precisa- los trabajadores están en la obligación de reponer ese tiempo pagado y no laborado, y el empleador debe restituir estos fondos a la cuenta única para que sean una suerte de crédito o fondo revolvente que atienda más necesidades en ese tiempo.

Estima que ese es el mecanismo que se podría implementar una vez que la Ley económica urgente se apruebe. Además, en el informe emitido por la Comisión de Desarrollo Económico se establece como condicionante que mientras el empleador reciba fondos estatales no habrá despidos.

“Y en el caso de que se produzcan, ellos tendrían que devolver al Estado los fondos recibidos. Entonces hay una suerte de incentivo para que no haya despidos”.

Si llegan a haberlos -indica- han sugerido y se contempla en la ley también, que el tiempo para activar el seguro de desempleo por parte del IESS no sea de 60 días sino inmediatamente, “apenas el trabajador sea reportado como cesante”.

En cuanto a las empresas que no se declaran en liquidación, pero despiden empleados, han sugerido a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que emita una resolución interpretativa o una resolución aclaratoria de cómo se aplica el artículo 169 numeral 6 del Código de Trabajo.

Édgar Sarango. Confederación de Trabajadores del Ecuador

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Édgar Sarango es presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador desde hace ocho años y resalta que ningún país estuvo preparado para enfrentar una pandemia con nefastas consecuencias.

Indica que es importante trabajar en un plan de contingencia para fortalecer la economía y, a su vez, que se proteja a los trabajadores. Considera que en los despidos que hacen las empresas en tiempo de crisis, no se ha tomado en cuenta cómo quedan las arcas del IESS sin el aporte de estos empleados.

Ante la caída del precio del petróleo -explica- se debe activar la pesca artesanal y la pequeña y mediana industria. Dice que fue apresurada la emisión de acuerdos ministeriales como el 80 y 81, y peor la resolución del Ministerio de Trabajo que considera a los trabajadores que se infecten con covid-19, como una enfermedad profesional. “Eso provoca malestar en la militancia y en los trabajadores”.

Para empezar o retomar una actividad -indica- es necesario trabajar en dos aristas: en el plan de emergencia y dotar de insumos adecuados a todos los trabajadores. “Tenemos fallecidos del sector petrolero, los que hacen mantenimiento a barcos, en el sector de la salud...”.

“En estos momentos difíciles para los trabajadores se apresuran en lanzar acuerdos y resoluciones y que los despidos deben ser de manera virtual. El sector empresarial se dedicó a (ejecutar) despidos masivos de trabajadores y hay descontento, es inhumano”, cuestiona.

Menciona que hay una modalidad contractual que se llama servicios ocasionales, “entonces por qué darnos tantas vueltas”.

Como gremio expusieron su postura al Consejo Nacional de Trabajo sobre que hay que modificar los horarios de trabajo, pero “deben ser horarios continuos hasta completar las 40 horas; la intención no está en generar trabajo sino en cómo ellos (los empresarios) ganan más dinero a costilla y en detrimento de los trabajadores”.

Asimismo añade que tanto al Presidente de la República como al Presidente de la Asamblea enviaron sus propuestas con alternativas como la de regresar a la normativa legal que estaba antes de la pandemia, para de ahí empezar procesos. “En tiempos difíciles es donde más se debe generar trabajo”. (I)