La Constitución, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Descentralización (Cootad) y la Ley de Tránsito ordenan a los 221 municipios del país asumir las competencias de tránsito en sus respectivas jurisdicciones. Para ello el Consejo Nacional de Competencias (CNC) aprobó en 2012 un cronograma que dividió a los cabildos en 3 modelos de gestión.

Hasta septiembre son 39 municipios los que han asumido sus funciones y desde el 1 de octubre lo harán 70 cabildos más. Estos recibirán la competencia de títulos habilitantes.

 Los del primer  grupo, que son 7,  ya han recibido las competencias de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Mientras que del grupo B solo lo han hecho 5, según la información de la entidad encargada.

Todavía están pendientes Portoviejo, Milagro, Babahoyo, Quevedo y Machala. Estos cabildos pueden emitir permisos de operación para transporte intercantonal, taxi, escolar, institucional y de carga liviana, así como matriculación y revisión técnica vehicular.  

En el caso del grupo C, que alberga al resto de municipios, son 97 los que tendrían la autonomía en el tránsito a partir de octubre; de este grupo aún están pendientes 107 cantones, que tienen de plazo hasta abril de 2015 para cumplir con el trámite.   

Héctor Solórzano, titular de la ANT, ha reiterado en varias ocasiones que todos los alcaldes tienen la potestad para determinar la tarifa de pasaje urbano porque esta decisión es parte de sus competencias. Esto se sustenta en el artículo 264 de la Constitución: Los gobiernos municipales tendrán las competencias exclusivas de planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal.

Para que se cumpla con este trámite el Gobierno central ha transferido los recursos económicos necesarios, además está la resolución que es una guía para que las autoridades locales tengan una idea de cómo hacer el cálculo. De esto trata la resolución 100 que explica la metodología para establecer las tarifas de transportes urbanos. El Presidente de la República ha explicado que en el país no se puede manejar una sola tarifa para el transporte público porque cada ciudad tiene sus particularidades.

Varios alcaldes han manifestado que tomarán la decisión en base a análisis técnicos y en beneficio del bien común. Para octubre el alcalde de Loja, Bolívar Castillo, anunció que ya tendría definida una tarifa.

Cuenca ya trabaja en el tarifario, al igual que Quito. En el caso de Guaranda su alcalde también dijo que trabaja por el bien de los ciudadanos y apegado a la ley. En los municipios más pequeños, como Sucúa, se labora en coordinación con las autoridades nacionales.

Las autoridades locales tienen la potestad de hacer estudios técnicos propios para tomar una decisión, pero adicionalmente cuentan con la capacitación de la ANT. La última la realizaron a mediados de este mes.  En el último grupo se capacitaron representantes de 67 municipios de las provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Napo, Orellana, Chimborazo, Cotopaxi, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Bolívar, Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Azuay, Cañar, Morona Santiago, El Oro y Loja para arrogarse las competencias de tránsito.

La ANT informó que en las capacitaciones se dieron a conocer aspectos referentes al manejo y emisión de títulos habilitantes en las modalidades de transporte urbano, taxi convencional, carga liviana y transporte escolar e institucional,  ya que estos municipios pertenecen, según lo establecido por el Consejo Nacional de Competencias,  al modelo de gestión Tipo C.