Desaparición de personas será delito no prescriptible
Los casos de personas desaparecidas no prescribirán, con el fin de que las investigaciones no se archiven. Esta fue una de las propuestas del presidente de la República, Rafael Correa, ayer en su enlace sabatino 352 que se realizó en Atacames (Esmeraldas).
Este anunció lo efectuó luego de que la semana pasada se reuniera con una comisión de familiares de personas que han desparecido y cuyos casos aún no se han resuelto. Además, expresaron su malestar por los presuntos maltratos o indiferencia que han tenido de fiscales y de varios elementos policiales.
Durante el enlace, el Mandatario anunció que una de las primeras acciones, por parte del Gobierno, será que se incluya en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que está en manos del Legislativo, que la desaparición de personas sea tipificado como delito imprescriptible.
Explicó que con esto las investigaciones podrán continuar hasta su resolución y no que se archiven luego de un año, como ocurre actualmente.
“Esto es un gran avance para evitar tanto dolor, tanto quemeimportismo y tanto pretexto para no hacer lo que se tiene que hacer”, expresó el Presidente.
A esta propuesta también anticipó que se creará una política integral para estos casos, por lo cual se instituirá como derecho de la familia y deber del Estado encontrar a un familiar desaparecido.
Se ofrecerá apoyo material, sicológico y legal a los familiares y se creará un sistema informatizado nacional, con la finalidad de que cualquier denuncia sobre alguna persona desaparecida sea conocida en hospitales, centros de salud u otras instituciones que puedan dar información. Otra de las acciones será que estos casos sean incluidos en el programa de recompensas “que ha dado muchos resultados, por ejemplo, como encontrar a los delincuentes más buscados”, sostuvo el Jefe de Estado.
Incluso anunció que él personalmente se encargará de supervisar que se cumplan estos pasos y cómo avanzan los casos.
Seguimiento a casos
Aseguró que personalmente se encargará de supervisar que se cumplan todas estas acciones, incluso tiene previsto reunirse, cada seis meses, con los órganos a cargo de las investigaciones y con los familiares de los desaparecidos para conocer sobre el avance de las causas.
A esto se suma la creación de unidades especializadas de la Fiscalía y Policía Nacional para mejorar la investigación de estos casos.
En su informe, explicó que estas decisiones se tomarán luego de conocer testimonios “desgarradores de familiares de personas desaparecidas que, a más del problema, recibieron la indiferencia y maltrato por parte de las autoridades de la Fiscalía y de algunos miembros de la Policía Judicial”.
Enumeró como problema que la mayoría de quejas iba en contra de los fiscales a cargo de las investigaciones, además del burocratismo, pues como la ley establece que en esos casos se lleva un año para investigar, una vez que culminó el plazo se archiva la causa, a lo que calificó “ley del mínimo esfuerzo”.
“Hay casos que tienen seis meses y han sido conocidos por siete fiscales, rotan a cada rato”, criticó; a esto se suma que ciertos elementos de la Policía piden que los familiares de las víctimas no cumplían con su deber aduciendo falta de recursos para movilizarse a efectuar llamadas telefónicas.
Además, calificó de falta de ética y de profesionalismo a ciertos sectores de la Policía que no cumplen con su labor.