¿Quién debe asumir el pago de los $ 6’218.754,07 que gastó el Estado entre 2012 y 2018 por la seguridad y manutención de Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres?

Esa pregunta se hicieron juristas y constitucionalistas, quienes al mismo tiempo plantearon alternativas para recuperar esos fondos a las arcas del Estado.

La clave, según ellos, está en la Contraloría General del Estado.

En esa institución se realizan dos exámenes especiales: uno, sobre el proceso de otorgamiento de asilo político y naturalización del australiano, y otro sobre la gestión administrativa y financiera de los costos incurridos por el Estado para la seguridad y manutención de Assange.

Entre los observados en ese ejercicio están el expresidente Rafael Correa y el entonces canciller Ricardo Patiño, quienes otorgaron el asilo en 2012. Además de la exministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, en cuya administración se nacionalizó al hacker australiano.   

El abogado Edmundo Vaca informó que a partir de posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales en Contraloría, se puede generar un proceso en contra de los implicados en la justicia ordinaria, siempre y cuando la Fiscalía detecte irregularidades. “Pero eso puede durar mucho tiempo hasta que haya una sentencia en la justicia ordinaria”, afirmó Vaca.

Una vez que exista una condena en contra del Estado ecuatoriano por actuaciones negligentes o dolosas de sus funcionarios públicos, puede surgir el “derecho de repetición”, señala el jurista y consejero del Consejo de Participación Transitorio, Xavier Zavala.

Ese recurso está amparado en varias leyes del país. En la Constitución (artículo 9) se establece que esa reparación debe darse cuando existan violaciones a los derechos o por las acciones u omisiones de sus funcionario en el desempeño de sus cargos.  

Pero el constitucionalista André Benavides tiene otra solución. Si el Estado desea recuperar el dinero invertido en el asilo de Julian Assange, lo podría hacer simplemente con las determinaciones que emita la Contraloría. Afirmó que esos recursos podrían ser devueltos si esa institución del Estado establece las responsabilidades administrativas o civiles.

En cambio, Felipe Rodríguez, abogado penalista, afirmó que era inevitable que Ecuador incurriera en gastos para dar seguridad y manutención a Assange. “En el examen especial se debe analizar por qué se invirtió tanto dinero y para qué se destinaron esos recursos porque puede ser que fueron para temas innecesarios e inexistentes, se tiene que investigar”, afirmó Rodríguez.

Extradición depende de Londres

El canciller José Valencia confirmó que tras el proceso de cese del asilo diplomático a Julian Assange, Ecuador solicitó al Reino Unido, por escrito, la garantía de que el creador de WikiLeaks no sea extraditado a países donde exista la pena de muerte, cadena perpetua o cualquier condena que pudiera atentar contra su vida. Valencia aseguró que el Gobierno inglés otorgó esas garantías al Ecuador.

Patricio Sánchez, decano de la Universidad Central del Ecuador, señaló que el derecho internacional permite que entre estados se celebren acuerdos que deben ser respetados. “Es procedente y el Reino Unido debe cumplir con este compromiso. Si existe una extradición la responsabilidad es del Estado inglés, ya no de Ecuador”. (I)