Transparencia y legalidad son las claves para tener una democracia sólida en Ecuador. Y hacia esa línea apunta el presidente Lenín Moreno.

En junio de 2017, el presidente Moreno convocó a un gran diálogo nacional cuya primera etapa se efectuó con  la firma del Decreto 49, encaminado a que los organismos del Estado promuevan la participación ciudadana.

Aquello permitió que alrededor de 30.000 personas de  6.700 organizaciones sociales, de todas las tendencias políticas, elaboren 4.400 propuestas. De allí se desprendió una segunda fase que implementó seis mesas de diálogo referidas a gobernabilidad e institucionalidad; educación; seguridad ciudadana y lucha contra las drogas; cambio climático; seguridad social y competitividad y empleo.

Según el vicepresidente Otto Sonnenholzner, estos  objetivos establecerán un futuro en la misma ruta, independientemente de quién gobierne el país, pues son “metas sin tintes ideológicos o populistas”.

El analista político Germán Rodas cree que reinstitucionalizar al país significa “descorreizarlo”, y esa es la fortaleza del actual Gobierno.

A criterio del experto, un punto fundamental fue la función que cumplió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Transitorio, de la mano de Julio César Trujillo.

Rodas considera que esta institución logró un cambio de autoridades de las principales funciones del Estado, como Consejo de la Judicatura, Contraloría y Fiscalía, cuyas autoridades salientes “se dedicaron a encubrir a quienes ejercían el atraco como una forma de vida”.

La asambleísta Ana Belén Marín (PAIS) comparte el criterio y siente que la designación de nuevas autoridades, por parte del CPCCS Transitorio, “es la principal rectificación en estos dos años”.

Según Marín, actualmente se cuenta con  autoridades independientes en todas las funciones del Estado, al contrario de la administración anterior, en donde “se hicieron asignaciones por concurso, pero el ejemplo fue el contralor Carlos Pólit, que sacó 101 en el concurso, pero dejó mucho que desear”.

Sin embargo, para Rodas,  los acuerdos deben construirse para que en el futuro, en los próximos tres o cuatro años, se produzcan cambios en la Constitución. Incluso, el experto apunta a modificaciones en la “conformación  de las características de la representación parlamentaria”.

Sin embargo, estima que todo  acuerdo debe enfocarse hacia la lucha contra la corrupción. Pero cree que a instituciones como la Asamblea aún le faltan acciones en esa línea,  así como el Consejo de la Judicatura, que debe dar paso al proceso de auditoría y evaluación de los jueces.

Marín estima que la Asamblea debe cumplir con su rol fiscalizador y de control de los actores para que realicen a cabalidad sus competencias.

Las conclusiones de los diálogos se traducirán en propuestas concretas, sistematizadas en políticas de Estado, reformas legales e incluso que se podrían concretar en una consulta popular.

En este marco, la Mesa de Democracia se activó para discutir con representantes de la sociedad civil  la gobernabilidad e institucionalidad, además de la lucha contra la corrupción.

A la reunión asistió el contralor Pablo Celi, quien remarcó la necesidad de convertir a la entidad que dirige en un tribunal de cuentas del Estado.

Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional, cree que la división en mesas temáticas es “un acierto”. (I)

Corrupción e impunidadcdeben eliminarse

El informe del Centro de Estudios Latinoamericanos colocó a Ecuador en el puesto 11 de los países con mas problemas de corrupción en la región.

La entidad, que hace estudios en todas las naciones de América Latina, considera que en el país existe un alto nivel de corrupción y debilidad extrema en políticas para atacar este problema.

La Comisión Anticorrupción señaló que el perjuicio al país sería de $ 70.000 millones y el Gobierno ha identificado 400 casos de corrupción del régimen anterior.

Por eso el gran reto será acordar las medidas necesarias para agilizar las investigaciones y los procesos. La ciudadanía ve a la corrupción como un problema grave, que no se soluciona con discursos y buenas intenciones, sino con resultados concretos que dependen en mucho de una Función Judicial que está sobrecargada.

“Es imperioso garantizar la independencia de funciones, pero falta lograrlo, y parece que no es del todo posible hacerlo con la figura del Consejo de Participación acechando”, opinó Mauricio Maldonado, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito. (I)

Reforma al Código de la Democracia es fundamental

El voto es una de las herramientas primordiales que tiene el pueblo para expresarse, este derecho permite afianzar la democracia, por lo que es fundamental tener reglas electorales claras.

La Mesa de Democracia analizará cambios a esta legislación como uno de los puntos importantes de la discusión, pues Ecuador requiere no solo de reformas legales, sino, sobre todo, “de mecanismos que fomenten y garanticen la participación ciudadana en todos sus niveles”, manifestó José Alencastro Moya, catedrático de la Universidad Católica del Ecuador.

En esta línea es necesario revisar los métodos para la asignación de escaños y eliminar la existencia de distritos electorales, “de tal forma que las organizaciones políticas medianas y pequeñas tengan mayor posibilidad de aspirar a escaños”, comentó Diego Oviedo Polo, profesor de Derecho de la Universidad de las Américas.

En esta segunda etapa es inevitable el análisis del financiamiento de las campañas electorales para evitar que empresas que contratan con el Estado entreguen fondos a partidos políticos, lo que genera corrupción.

Desde 2007 el pueblo ha sido convocado a las urnas 10 veces, lo que implica costos al país.

La mesa enfocará el análisis al sistema político, que está plagado de movimientos y partidos (278),  que aprovechan cada elección para presentar candidatos sin representatividad.

Además, con el agravante de que sus campañas electorales se financian con recursos públicos que podrían servir para otras necesidades.

La difícil tarea de esta mesa  pretenderá devolver al país la confianza en las instituciones, y para ello, como punto de partida, deberá analizar la pertinencia

de mantener el Consejo de Participación Ciudadana como el quinto poder. (I)