La resaca electoral es fuerte para algunos candidatos, especialmente para quienes supuestamente tenían el triunfo asegurado.  

En este grupo están los viejos caciques locales que pensaron mantener sin ningún contratiempo el apoyo ciudadano, incluso heredándolo a sus familiares.

Esas derrotas no las vieron llegar ni las encuestadoras. Ninguna calculó, por ejemplo,  que Carlos Falquez Batallas, exalcalde de Machala, perdería la contienda  por la Prefectura de El Oro.

 Tampoco se analizó que su hijo, Carlos Falquez Aguilar, actual alcalde de la capital orense, perdiera la reelección. Él cayó frente a Darío Macas, un nombre que no estaba en el mapa electoral hasta el 24 de marzo pasado.

En Manabí también se terminó la hegemonía de los Zambrano. Mariano perdió la prefectura con su alfil en una alianza con el Partido Social Cristiano, Clemente Vásquez.

Mientras que otro dirigente histórico, el alcalde de Manta, Jorge Zambrano, intentó llevar  a su esposa, Ana Suárez al Cabildo, pero obtuvo el tercer lugar.  

Para Marlon Orbea, analista político, el país vive  los últimos cartuchos de esta leva de políticos tradicionales. Es decir, estamos en un momento de transición del relevo generacional.

Y no fue del agrado del electorado que se pretendiera transferir el poder a familiares y parejas.

Eso lo vivió el alcalde de Yaguachi y presidente de la Asociación de Municipalidades del país, Daniel Avecilla, quien apoyó sin éxito a su esposa,  Esther Castro, para que lo reemplace en el cabildo.

Mientras que Rodrigo Quezada, alcalde durante los últimos 14 años del cantón Santa Isabel en Azuay, tampoco consiguió que su cónyuge Mónica Torres ganara las votaciones.

Martha Burgos, esposa del alcalde de Balzar, Cirilo González (Guayas), también perdió. Lo mismo sucedió con  Elsy Ospina. Ella no logró reemplazar a su marido, Carlos Ortega, en el municipio de Puebloviejo (Los Ríos). 

También hubo autoridades seccionales que quisieron dejar a sus hijos en sus cargos. Uno de ellos fue Hugo Cruz,  alcalde de El Carmen, Manabí. Su hija, Mayra Cruz, apenas quedó tercera.

Uno que rompió esta regla es el alcalde electo de Samborondón. Juan José Yúnez reemplazará a su padre José Yúnez. Así la dinastía de esta familia estará 26 años al frente de este municipio.    

Una explosión de candidatos sin apoyo ciudadano

El artículo 61 de la  Constitución garantiza el derecho para elegir y ser elegidos.  Esta norma está regulada solo por la recolección de firmas para registrar un partido o movimiento político y también por la posibilidad de generar alianzas electorales.

No obstante, para el vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, es necesario poner reglas más estrictas para la participación en las elecciones. “Hay que ser más estrictos con este derecho ciudadano a ser candidato”, recalcó.

Para Pita el actual  Código de la Democracia tiene requisitos muy básicos y debe ser modificado. Este cambio, recalcó, iría de la mano de un mejor control del gasto electoral y del dinero que destina el Estado para campañas. 

Las palabras de Pita tienen cabida con el número de candidatos que no alcanzaron ni el 1% del apoyo ciudadano. Por ejemplo, en la contienda para las 23 prefecturas hubo 40 aspirantes que no superaron ese porcentaje. 

La mayoría de esos casos estuvo en las provincias de Guayas, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas. (ver infografía).

Ese mismo fenómeno apareció en las ciudades más grandes del país. Quito, Guayaquil y Cuenca son las primeras en esa lista y están acompañadas sorpresivamente por Salinas.

Para el analista político Harry Darquea, el excesivo número de aspirantes en las pasadas elecciones también marcó la apatía que se vivió incluso desde la campaña.

El Vicepresidente del CNE apunta a un cambio radical y que ronda en la opinión pública en las últimas semanas.

Él propone debatir la posibilidad de que los candidatos que no reciban un respaldo ciudadano mínimo devuelvan el dinero que se destinó para sus campañas.   

Estas ideas también  llegaron a la Asamblea Nacional, que no descarta una reforma al Código de la Democracia.

La Comisión de Justicia preparó y dejó listo un documento, pero fue postergado durante 15 meses. Ahora, deberá consolidarse con las propuestas que alistan desde el Consejo Electoral y otra organización. (I)