Con 53 firmas, incluidas las de tres asambleístas de Alianza PAIS (Jorge Yunda, Marcia Arregui y Elizabeth Cabezas), el bloque de CREO, liderado por Fabricio Villamar y Lourdes Cuesta, entregó el pedido de juicio político en contra del superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa.

La documentación entregada sería la prueba para verificar que Ochoa supuestamente abusó de su autoridad.

La causal del juicio es el supuesto incumplimiento de los artículos 24 de la Ley de Servicio Público y 11 de la Constitución de la República.

Según Villamar se coartó la libertad de expresión.

“Él ha atentado contra el derecho de los ciudadanos de ser debidamente informados; adulteró la Ley de Comunicación para sancionar a los medios con absoluta discrecionalidad, y usó y abusó de los bienes públicos”, dijo Lourdes Cuesta.

Para la asambleísta la documentación está debidamente sustentada, de modo que espera que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) califique la petición.

Patricio Donoso, cuarto vocal del CAL y miembro de CREO, solicitó que el organismo convoque a una reunión urgente mañana para aprobar el pedido.

Para Cuesta, el CAL debe solo verificar el cumplimiento de los requisitos y no evaluar las pruebas.

Para sustentar el pedido, los legisladores solicitaron a la ciudadanía que se ha visto afectada por el organismo que entregue la información al respecto.

Ayer dijeron que continuarán con la recepción de denuncias para adjuntarlas como anexo al pedido.    

Los asambleístas también solicitaron que para el juicio político acudan a la Comisión de Fiscalización los ciudadanos Martha Roldós, Luis Baldeón y Aurelio Dávila.

El objetivo es que ellos expliquen los casos en que se coartó la libertad de expresión de los ecuatorianos.   

Los legisladores esperan que este proceso no sea suspendido como cuando se hizo el pedido de juicio político contra Gustavo Jalkh, Augusto Espinosa y Jorge Glas. (I)