El pleno de la Asamblea Nacional también entró al caso “Sobornos 2012-2016”, inicialmente conocido como “Arroz Verde”.

Esto porque la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, pidió el viernes al Legislativo que se pronuncie sobre el virtual juicio penal contra el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y 20 personas más, quienes serán vinculados por la Fiscalía a la instrucción fiscal de este caso.

Según la magistrada, su solicitud es por la “garantía del debido proceso, el derecho a la defensa y de los derechos de los procesados, y a fin de que posteriormente no se alegue la falta de algún requisito de procedibilidad”.

Además, en su pedido la jueza nacional hace referencia a una decisión tomada por el Parlamento, en junio de 2018.

El día 14 de junio de 2018, la entonces presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, puso en debate en el pleno la necesidad de permitir el juicio contra el expresidente Correa, acusado de ser parte del presunto secuestro de Fernando Balda, en Colombia.

En los exteriores los simpatizantes del exmandatario protestaban por la resolución que se aprestaba a dar la Asamblea. La mayoría de fuerzas políticas declaró improcedente el pedido de la jueza Camacho. En total fueron 83 votos a favor, 2 en contra y 13 abstenciones.

Para el vicepresidente de la Asamblea y miembro de CREO, Patricio Donoso, en esta ocasión debe existir el mismo trámite. Es decir, que se declare que la Asamblea no es procedente para responder a la jueza de la Corte Nacional de Justicia, con lo cual se daría vía libre al juicio contra Correa y Glas.

Ese pronunciamiento también afectaría a la legisladora de la Revolución Ciudadana, Viviana Bonilla, quien se encuentra en la lista de las 22 personas que la Fiscalía tiene previsto vincular al proceso legal.

Marcelo Dueñas, abogado de Bonilla, rechazó la pretendida vinculación y aseguró que su cliente no recibió dinero alguno para su campaña electoral.

Juan Cristóbal Lloret, coordinador de la bancada de la Revolución Ciudadana, asegura que este es otro capítulo de la “persecución política” contra el expresidente y sus coidearios. Él sostiene que la Asamblea debe pronunciarse sobre el pedido judicial y no declarar que es improcedente de hacerlo.

Para Lloret no existen argumentos para acusar a los exmandatarios y resta crédito a las pruebas halladas en la Fiscalía. “Es un cuaderno y unas hojas de Excel donde solo aparecen en las listas los candidatos que se mantienen en la línea de Correa, pero no los que apoyan al Gobierno”, asegura.

Paralelamente, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea entra a una etapa crucial en su investigación sobre los presuntos aportes ilegales a las campañas de la Revolución Ciudadana.

Según su planificación esta semana debían terminar las comparecencias y alistarse a entregar el informe para su respectivo trámite en el pleno.

No obstante, el tiempo para este trabajo deberá ser compartido con la sustanciación del primer pedido de juicio político en contra de los cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. (I)