Pamela M. no quiso salir del aeropuerto José Joaquín de Olmedo la madrugada del pasado 4 mayo. Ella llegó desde La Habana y decidió pagar una multa de $1.400 para subirse a un avión que la llevara a México.  

La Policía impidió su viaje, cumpliendo una orden judicial para indagarla por los aportes supuestamente ilegales a la campaña de reelección de Rafael Correa, en 2013, y para las seccionales de 2014.

Pamela M. dijo que no quería escapar sino adelantar su desplazamiento para participar en un seminario en la capital mexicana. Esa versión no frenó la detención de quien fuera asesora del expresidente Correa y exjueza de la Corte Constitucional. Hoy se encuentra en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga.

La Fiscalía abrió una investigación para confirmar si Pamela M., cuando trabajó junto a Correa, fue parte de una trama que montó un laberinto para esconder las supuestas contribuciones electorales ilegales de empresas nacionales y extranjeras como Odebrecht.

El nombre de la compañía brasileña es el primero que salta a la vista por sus antecedentes de corrupción en Ecuador y otros países. Aparentemente, Odebrecht entregó $ 2,5 millones y eso ocurrió cuando empezó a operar con normalidad, luego de su expulsión en 2008.

En 2013, la multinacional tenía a su cargo la construcción del trasvase Daule-Vinces, por $ 190 millones, y para la Refinería del Pacífico, por $ 229 millones. Además, tenía en carpeta el contrato por la hidroeléctrica Manduriacu, por $ 124 millones.

Los correos con la exasesora de Rafael Correa

La relación entre Pamela M. y Odebrecht siguió luego de presuntas contribuciones para la reelección de Correa y las seccionales del 2014. En ese año, Geraldo Luiz Pereira de Souza, uno de los directivos de la compañía brasileña, siguió cruzando correos con la exasesora y con su asistente Laura T., quien también está en la denuncia por el caso.

El exejecutivo de la constructora brasileña le envió un correo a Pamela M. alertándola sobre una acción de protección a la Corte Constitucional para revertir una sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Corte Nacional de Justicia.

Ese fallo obligaba a la empresa al pago de multas por el retraso de impuestos. Hasta el momento, no se conoce la respuesta de Pamela M., pero en ese mismo año, Odebrecht ganó una demanda en la Corte Constitucional.

La exasesora de Correa también remitió otro email al ejecutivo brasileño para agradecerle por su aporte para la remodelación del edificio del Colegio de Abogados del Guayas, una institución que entonces era manejada por su esposo, Jimmy Salazar.

La adquisición del edificio ubicado en av. Del Ejército 707 y 9 de Octubre, centro de Guayaquil, fue una promesa de campaña de Jimmy Salazar para la Prefectura. Así lo recordó Carlos Cassanello, el secretario ejecutivo del gremio.

Él recordó que se realizaron “actos de autogestión” como rifas y bingos para comprar y arreglar el inmueble. “En efecto, ameritó algunos ajustes y adecuaciones en su interior; eso llevó a obtener créditos por parte de la banca, que fueron hechos por la administración del Colegio”.

Casanello descarta que la firma brasileña haya financiado la remodelación de su sede y defiende la gestión de Jimmy Salazar, que actualmente ya está fuera del país. “El Colegio de Abogados ni sus directivos han recibido ni un centavo de Odebrecht”.

Pero hay otros mensajes de agradecimiento e invitaciones para que participe en el lanzamiento de unos de los libros de Salazar, como también por coordinar el viaje de Pamela M. a San Paulo y Río de Janeiro. Ella quería vacacionar en las urbes brasileñas y Geraldo Luiz Pereira le envió los vouchers de los hoteles donde se iba hospedar. 

La exjueza constitucional le contestó que nueve días era mucho tiempo para ella, que prefería estar una semana, pero pasar más tiempo en Río.

Estos correos ocasionarían más inconvenientes legales a Pamela M.; incluso se puede abrir otro expediente por tráfico de influencias. A la fecha del intercambio de mensajes vía email ella todavía era asesora del entonces presidente Correa y luego pasó a ser jueza de la Corte Constitucional.

Su abogado, Gustavo García, prefiere ser cauto con las declaraciones y asegura que primero se deberá indagar cómo consiguieron esos correos, en qué contexto fueron contestados y, posteriormente, armarán su defensa para el caso. (I)