El auditorio del edificio de la Contraloría General del Estado, en Quito, estuvo casi lleno ayer para la lectura del borrador del examen sobre el pago de compensaciones a dueños de buses y la asignación de cupos de taxis. Ambos procesos fueron ejecutados por la Alcaldía saliente de Mauricio Rodas.

El informe del organismo de control estableció errores de forma y de fondo en ambos casos (buses y taxis).

En cuanto al subsidio otorgado al transporte urbano convencional entre 2015 y 2018, la Contraloría determinó pagos no justificados que suman $ 16,8 millones.

El esquema de compensación a los transportistas fue anunciado por el alcalde Rodas, el 21 de enero de 2015, en un acto de masas realizado en la Tribuna del Sur.

El acuerdo implicaba el pago mensual por unidad de $ 450,7 o $ 1.000, a cambio de que las tarifas del servicio se mantuvieran en $ 0,25, incluido el medio pasaje para grupos como adultos mayores, personas con discapacidad y menores de edad.

El monto del pago dependía del cumplimiento de ciertos parámetros establecidos con la idea de mejorar el servicio. El principal indicador, sin embargo, era la aplicación del sistema de Caja Común.

El objetivo de este era establecer un método equitativo de repartición de ingresos entre los socios de una operadora, con el fin de reducir la competencia entre choferes por ganar pasajeros. El esquema fue aprobado por el Concejo Metropolitano el 21 de febrero de ese año.

Según datos en manos del equipo del nuevo Alcalde (Jorge Yunda), el sistema de compensación equivale al pago de $ 23 millones al año. Esto significa que la ciudad entregó $ 69 millones al gremio en período analizado por la Contraloría.

El borrador leído este miércoles 15 de mayo señala inconsistencias en la ubicación de 19 operadoras de transporte que en el primer semestre de pago se ubicaban en categoría B (hasta $ 450 por mes) y al final del cuarto semestre se encontraban en categoría A ($ 1.000).

Según la investigación de la Contraloría, no se encontraron documentos que justificaran la reubicación de las operadoras. Además, entre las inconsistencias señaladas por el ente de control está que entre el primer y segundo semestre de pago se modificó el formulario de evaluación utilizado. Esto sin que hubiese constancia de que ese cambio fuese realizado oficialmente.

No obstante, los dirigentes de algunas de las operadoras y los funcionarios municipales implicados respondieron durante la elaboración del informe, que todo se hallaba en regla. Estos hechos habrían significado el pago de $ 9,5 millones no justificados en los tres años analizados.

Así mismo, el documento leído este miércoles 15 de mayo determina que el Municipio pagó $ 6,2 millones por unidades que cumplen el servicio de alimentación en los corredores de transporte del Cabildo. Y otros $1,13 millones a articulados del Corredor Central Norte (Metrovía), manejado por privados.  

Estos vehículos habrían recibido, entonces, pago por los contratos normales con el Cabildo y por compensación. Las personas mencionadas en el informe tienen cinco días para responder. (I)