La Contraloría General del Estado notificó al Ministerio de Trabajo sobre la destitución al vicepresidente Jorge G., luego de que determinó mediante una auditoría, que tiene ‘responsabilidad administrativa culposa’, en la firma de adjudicación del campo petrolero Singue a la empresa DGC, lo que habría ocasionado un perjuicio al Estado de más de $ 5 millones.

La negociación se efectuó cuando el Segundo Mandatario era miembro del Comité de Licitación Hidrocarburífero (COLH) y ministro coordinador de Sectores Estratégicos, en junio de 2011.

El funcionario recibió la notificación en la cárcel 4, donde cumple prisión preventiva, la cual fue enviada al Ministerio de Trabajo, según el procedimiento determinado en la ley. También se le impone una multa de $ 5.840.

“La Contraloría determina la sanción que corresponde a las observaciones encontradas y en este caso concluye una determinación de destitución y una glosa”, indicó el contralor subrogante, Pablo Celi.

Añadió que “una vez que se cumplieron los plazos se procedió a determinar las responsabilidades civiles y administrativas”.

Fuentes de la entidad señalaron que la destitución está en firme pero no ejecutoriada, ya que el aún representante del Ejecutivo tiene derecho a solicitar la revisión en un plazo de 60 días.

Jorge G. no habría otorgado las pruebas de descargo en el plazo estipulado, por eso se lo sancionó.

Pero si entrega las pruebas en la etapa de revisión y son suficientes para desvirtuar las conclusiones del examen, sería restituido; si no se ratificará la sanción y se notificará la destitución al Consejo Nacional Electoral (CNE).

El informe señala que la adjudicación del contrato no procedía, debido a que la oferta incumplía requisitos legales. También indica que el equipo negociador calculó la tasa interna de retorno considerando únicamente el 80% y no el 100% de las reservas probadas por 2’040.566 barriles previstas para los 20 años de ejecución del contrato, lo que ocasionó un perjuicio, hasta el 30 de septiembre de 2016, de $ 5’243.132,38, pagados al consorcio DGC y a la compañía Gente Oil Ecuador.

El COHL estuvo también integrado, por el exviceministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, sentenciado a seis años de prisión por el caso Odebrecht.

El anuncio provocó reacciones. El abogado defensor de Jorge Glas expresó su rechazo. “Es una burla al derecho y carece de eficacia, porque ya no ejerce el cargo de Ministro de los Sectores Estratégicos”.

Agregó que la Contraloría no tiene facultades para destituirlo y anticipó una acción de protección por violación de derechos.

El jurista Ramiro Aguilar dijo que el Contralor, no tiene competencia para destituir del cargo al Vicepresidente, ya que es funcionario elegido por votación popular. “La resolución a mas de inconstitucional, sería un precendente nefasto, con este razonamiento el Contralor podría también destituir al Presidente de la República, es una locura”. (I)

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Baca Mancheno confirma indagación

La Fiscalía General del Estado ratificó que trabaja en la investigación previa por supuesto cohecho en contra del vicepresidente, Jorge Glas, por el caso Odebrecht. El titular de esta institución, Carlos Baca, aseguró que se cumplirán todos los procedimientos.

La responsabilidad del trabajo diario estará a cargo del fiscal Wilson Toainga, uno de los hombres más cercanos a Baca. El equipo de Toainga tiene experiencia en este tema; ellos también están a cargo del expediente por presunta asociación ilícita, donde también es implicado el Segundo Mandatario.

El desarrollo de esta fase de investigación es reservado. De acuerdo con el Código Penal, durante esta “etapa se deben reunir  los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan al fiscal decidir si formula o no la imputación y, de hacerlo, posibilitará al investigado preparar su defensa”.

Por eso, en los próximos días está previsto que se inicie la recepción de testimonios y la recopilación de más información. La indagación de los fiscales puede durar hasta un año, según lo establece el Código Penal para los delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta cinco años. Y en este caso, el cohecho tiene una sanción de uno a tres años de prisión.

Además, según la Constitución, el cohecho es una de las causales para un juicio político en contra del Segundo Mandatario. (I)

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Asambleístas esperan conocer los fundamentos

Después de que la Fiscalía General del Estado encontrara presuntas irregularidades en torno a los contratos de la multinacional brasileña Odebrecht y que esta iniciara oficialmente una investigación en contra del vicepresidente Jorge G. por el supuesto delito de cohecho, los asambleístas de Alianza PAIS ratificaron que esperarán revisar la información para entablar cualquier planteamiento sea personal o de bloque.

La oposición afirmó que a pesar de este delito, sea o no cierto, seguirán el camino hacia el juicio político contra el Segundo Mandatario.

Para el legislador Esteban Bernal (CREO), esta investigación es un gran paso, pero dijo sentirse inconforme porque también debería inculparse al Vicepresidente.

Daniel Mendoza (Alianza PAIS) afirmó que el delito de cohecho sería determinante para tomar una posición. “Nosotros no fuimos elegidos para ser tibios, fuimos elegidos para representar al pueblo que es el soberano”, agregó, sin embargo dijo que deberá evaluarse la fundamentación.

Estas observaciones fueron apoyadas por Silvia Salgado y Karina Arteaga, asambleístas de Alianza PAIS. Salgado aclaró que debe dejarse que la ley actúe con independencia.

El juicio político contra el Vicepresidente seguirá en curso pese a estas vinculaciones, dijo Patricio Donoso de CREO y añadió que la solicitud sería entregada la siguiente semana. (I)