Continúa auditoría a los Tratados Bilaterales de Inversión
La auditoría que Ecuador realiza a sus Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), para examinar sus implicaciones y perjuicios al país, sigue adelante. Esta mañana, en Quito, se llevó a cabo la cuarta reunión de trabajo de la Comisión Ciudadana (Caitisa) creada para este fin.
El trabajo de la Caitisa se extenderá hasta fines del 2014, dada la cantidad de información que analiza que corresponde desde el último trimestre del año anterior. Entre sus funciones está el examinar los TBI, y otros acuerdos de inversión suscritos por el país, para determinar su compatibilidad con la legislación ecuatoriana.
Asimismo, la Comisión identificará inconsistencias e irregularidades que hayan provocado o puedan provocar impactos económicos, sociales y ambientales; así como a los pueblos y nacionalidades.
La Caitisa, compuesta por expertos y representantes de la sociedad civil, bajo la coordinación de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), viene trabajando en tres ejes: los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones (TBI) del Ecuador, el sistema de arbitraje de inversiones y casos contra el país y la relación entre los TBI, inversión extranjera y modelo de desarrollo.
Ecuador ha firmado 30 TBI, de los cuales 27 entraron en vigor. De ellos, 10 ya han sido denunciados y 17 se encuentran en proceso de denuncia. Como consecuencia, el país ha sido objeto de 25 arbitrajes internacionales y 9 notificaciones de controversia basados en TBI.
En este sentido, Ecuador lidera la revisión de los TBI a nivel regional. Además de la auditoría que realiza la Comisión Ciudadana, también promueve la creación de un centro de solución de controversias de inversiones con una dimensión regional, con el respaldo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), según informa la Senplades.
La Caitisa inició sus funciones en octubre de 2013. Se sustenta en el artículo 339 de la Constitución, que establece que la inversión extranjera directa estará sujeta al respeto del marco jurídico y las regulaciones nacionales, y que se orientará según las prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo (Plan Nacional para el Buen Vivir).
