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Ecuador, 23 de Diciembre de 2024
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Consultas populares podrían costarle al país $ 80 millones

Consultas populares podrían costarle al país $ 80 millones
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Dos referendos costarían aproximadamente 80 millones de dólares al Consejo Nacional Electoral (CNE). Eso dijo José Cabrera, vicepresidente del organismo electoral.

A su criterio el país no está en condiciones para gastar esa suma en las reformas parciales a la Constitución para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Hay dos solicitudes para eliminar ese organismo. La primera es del Comité de Reinstitucionalización Democrática (CRD), representada por el exconsejero transitorio, Pablo Dávila, que ya tiene el visto bueno del CNE y está aprobada la recolección de firmas.

La segunda iniciativa es del Movimiento Ahora, liderada por el legislador independiente Fabricio Villamar. Este jueves 29 de agosto de 2019 esta organización pidió por segunda ocasión la aprobación para la recolección de firmas.

Diana Atamaint presidente del CNE, citó como referencia el valor de la última consulta popular solicitada por el Gobierno en febrero de 2017, en la que se invirtieron $ 40 millones.  

En estos dos pedidos de referéndum se emplearía ese valor aproximado por cada uno de los procesos.

Los titulares del CNE explicaron que existe la posibilidad de unir ambas iniciativas, pero eso depende de la voluntad política de las organizaciones. “De juntarse las dos propuestas la Corte Constitucional tendría que emitir un pronunciamiento porque habría otras preguntas”, dijo Atamaint.

El CRD, una organización ciudadana, tiene seis meses para recoger las rúbricas a nivel nacional. Mientras el Movimiento Ahora debe esperar la aprobación del pleno del CNE que ha realizado observaciones a su primera solicitud.  

Michael Aulestia, presidente de Ahora, se preguntó por qué hace diferencias el CNE en la aprobación de los procesos de recolección de firmas. Sin embargo, aclaró que no tendrían inconvenientes en acoger la iniciativa del CRD como propia, pero aún no tienen una respuesta oficial.

Los ciudadanos pueden firmar ambas iniciativas porque son para una consulta popular. (I)

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