Ayer, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio inició con los procesos de evaluación de distintas autoridades nacionales.

Con el voto unánime de seis de los siete consejeros presentes, el organismo resolvió suspender todos los concursos de selección de jueces provinciales y fiscales emprendidos por el Consejo de la Judicatura.

Esta medida servirá para que todos los miembros del Consejo de la Judicatura -en un término de 7 días máximo- remitan al Consejo transitorio un informe sobre su desempeño.

El Cpccs aclaró que cualquier inobservancia por parte de los miembros de la Judicatura sobre las medidas tomadas este miércoles se considerará como incumplimiento y podría derivar en la destitución del funcionario.

El Consejo transitorio dio el mismo plazo (7 días) para que el fiscal General de la Nación, Carlos Baca Mancheno; los miembros del Consejo Nacional Electoral y la Superintendencia de Bancos también entreguen en sus respectivos informes sobre su gestión.

Julio César Trujillo, presidente del organismo de transición, sentenció que no habrá autoridad que no sea evaluada.

Agregó que el Pleno suspendió los procesos de selección de la Judicatura porque "queremos acabar con concursos amañados".

En respuesta, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, se mostró confiado del resultado de la evaluación sobre su gestión. Sin embargo, no está de acuerdo con la suspensión de los concursos del organismo.

“Bienvenida sea esa evaluación, los hechos hablarán por sí solos y así como los hechos han hablado durante todo este tiempo de nuestra gestión, en el marco de nuestras competencias”, comentó sobre el proceso.

Sin embargo, comentó: “La consulta popular establece que haya una evaluación a las autoridades nombradas por el Consejo de Participación Ciudadana cesado. Eso no implica que las autoridades en funciones no cumplamos con nuestras obligaciones”.

Patricio Rivera fue destituido

Los miembros del Consejo de Participación también resolvieron cesar las funciones del superintendente de Economía Popular y Solidaria, Patricio Rivera, y pidió que la Contraloría examine su gestión

El informe jurídico señaló que Rivera incumplió la Ley de Servicio Público cuando fue nombrado como superintendente el 25 de abril del 2017 y se posesionó en diciembre del mismo año, contraviniendo la norma que dice que asumirá el cargo en máximo 15 días.

La semana anterior, Rivera fue convocado para que comparezca ante el Pleno del Consejo transitorio para presentar sus pruebas de defensa. Sin embargo, el exministro no acudió al llamado. 

El consejero Pablo Dávila explicó en sus redes sociales los motivos que motivaron la destitución de Rivera. (I)

Superintendente de @seps_ec no se posesionó en legal y debida forma dentro de los 15 días que manda la ley. Lo hizo luego de 235 días. Las autoridades públicas deben ser un ejemplo de respeto al ordenamiento jurídico. Superintendente ha sido cesado.

— Pablo Dávila J. (@PabloDavilaJ) 4 de abril de 2018

El Superintendente de @seps_ec incumplió la ley. La ley está sobre las autoridades, las autoridades no están sobre la ley. Ellos tienen que cumplirla porque esta pone límites para evitar el abuso en el ejercicio de la función.

— Pablo Dávila J. (@PabloDavilaJ) 4 de abril de 2018