Su nacimiento levantó polémica, aunque está incluido en la Constitución, y es parte de la Función de Transparencia.  

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue creado en 2008 durante el gobierno de Rafael Correa. Tenía cuatro tareas: promover la participación ciudadana, el control social de lo público, luchar contra la corrupción y designar a las autoridades de control.  

Sin embargo, nunca cumplió con su cometido y fue utilizado políticamente por el régimen anterior. Eso opinó el politólogo Gabriel Hidalgo. “La idea era controlar a la sociedad, nombraron autoridades dependientes del exgobierno en concursos amañados y anularon la capacidad de transparentar las actividades públicas y privadas”, dijo.

Ese Consejo estaba conformado por siete consejeros y siete suplentes, que fueron cercanos a Correa o exmilitantes de su movimiento Alianza PAIS.

Seis de ellos ya habían ocupado otros cargos en la administración pública. Para citar dos casos: el primero el de la presidenta del exconsejo, Raquel González, excoordinadora zonal del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ella ocupó siete cargos públicos en el gobierno de Correa y fue candidata a concejal de Guayas por Alianza PAIS.

El segundo caso es el de Edwin Jarrín, exvicepresidente del Consejo. Fue secretario de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión y trabajó en ocho entidades durante el régimen del expresidente. Él, además, es esposo de la asambleísta Soledad Buendía, de la Revolución Ciudadana.

De las cuatro funciones de ese Consejo, la más importante fue nombrar a las autoridades de control. ¿Por qué?

Así se garantizó que esas autoridades fueran “aliadas” y no investigaran los casos de corrupción en contra del gobierno de Correa, que denunciaron organizaciones políticas, sociales y periodistas. Por ejemplo, Galo Chiriboga, amigo de Correa y exembajador en España, fue nombrado Fiscal.  

Según denuncia del exasesor de la Secretaría Nacional de Transparencia, Diego Vallejo, Chiriboga recibió información de la comisión ciudadana de selección del Fiscal para ganar ese concurso.

“Había la disposición de Rafael Correa para que Chiriboga fuera el nuevo Fiscal”, manifestó Vallejo en una entrevista telefónica con este Diario.  

El Consejo Transitorio

Pero con la llegada al poder del presidente Lenín Moreno la situación del Consejo cambió radicalmente. El Primer Mandatario convocó a consulta popular y referéndum, el 4 de febrero de 2018.     

En la tercera pregunta se propuso reestructurar el Consejo, así como terminar con el período de sus integrantes y nombrar a un organismo transitorio.          

El Consejo Transitorio fue nombrado por la Asamblea, el 6 de marzo de ese año. Julio César Trujillo es el presidente, y Eduardo Mendoza, el vicepresidente.    

Durante los primeros seis meses de su administración, el Consejo Transitorio evaluó el desempeño de 27 autoridades designadas por el exconsejo y cesó a 26. El Consejo Transitorio terminará sus funciones el 12 de mayo.  

El nuevo Consejo

Pero, por primera vez, los ecuatorianos elegirán a los nuevos integrantes del Consejo de Participación en los comicios seccionales del 24 de marzo de este año.  

Hay 43 candidatos para ocupar esa dignidad. La mayoría de ellos no son conocidos por los ciudadanos.

Los críticos al Consejo, creado por Correa, impulsan el voto nulo, es decir, el voto rechazo a ese organismo. Sin embargo, borrar a ese organismo del mapa no es tan simple como parece. Es necesario un cambio constitucional, lo que abrió un debate sobre cómo hacerlo.   

Para el analista político y articulista de diario Expreso, Roberto López, ningún país tiene un Consejo y este debe desaparecer porque es un experimento que nos ha conducido al caos en el que nos encontramos. “La fórmula para resolver este experimento no es el voto nulo”. (I)

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“El voto nulo es el rechazo a ese organismo de Correa”

Para el académico Enrique Ayala Mora, en la consulta de 2018 el 75% de ciudadanos se pronunció a favor de que el Consejo desapareciera y eso es una base para tomar en cuenta. ¿Cómo se trata este tema y la función de Transparencia?

Según él, eso es posible con un complicado proceso de reformas a la Constitución que implica una consulta popular para cambiar 130 artículos de la Carta Política. Se modificaría la estructura orgánica de la Constitución. Es posible, pero tiene dificultades.

“Hay que desmontar la Función de Transparencia, que es igual a la de Venezuela. Es decir, dejar los cinco poderes y volver a las tres funciones”, señaló.    

Para él, puede subsanarse con una Asamblea Constituyente, que crearía una nueva estructura de la Carta Política. “Es una solución completa, pero a largo plazo. No puede convocarse ahora mismo”, añadió. Rafael Correa plantea una Constituyente por oportunismo, con eso siembra el caos. “La Constituyente debe prepararse con acuerdos de país”.  

El voto nulo es un rechazo a ese organismo de Correa y el resultado tendrá peso propio, dijo. Si gana el nulo el Consejo no se posesionaría y no pasaría nada. El Ejecutivo puede presentar un paquete de reformas que eliminen ese Consejo, dijo. (I)