El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (CPCCST) ratificó la decisión de cesar a los cinco vocales de la Judicatura y de  inmediato designó a Marcelo Merlo Jaramillo como presidente encargado de la entidad.

A más de Merlo, quien se desempeñó como contralor general del Estado (1984-1988) y ministro de Gobierno (2000-2002), el Consejo designó como vocales a Zobeida Aragundi, Angélica Porras, Aquiles Rigaíl y Juan Pablo Albán.   

Los vocales encargados serán posesionados oficialmente el próximo martes, según adelantó el presidente del Consejo Transitorio, Julio César Trujillo.

En la sesión de este jueves 14 de junio, los siete integrantes del Consejo escucharon la lectura del informe de 33 páginas, que elaboró la comisión técnica, como respuesta al recurso de revisión que presentaron los vocales cesados de sus cargos el 4 de junio pasado, tras la presentación de los resultados de la evaluación.

La respuesta del análisis señaló que los sancionados no presentaron ningún aporte nuevo que desvirtuara las acusaciones.      

El informe recalcó que los vocales de la Judicatura permitieron que sus vinculaciones políticas interfirieran en la ejecución de sus funciones.

“Hemos encontrado irregularidades en la ejecución de tres facultades principales de los vocales: selección, evaluación y destitución de servidores judiciales”, agrega el documento.                 

El análisis concluyó que la Judicatura no tenía competencia para declarar la existencia de error inexcusable en las sentencias judiciales y destituir a los jueces.

Por todo esto los consejeros ratificaron el fallo que es inapelable.

Juicio político se traba
No hubo resolución en la Comisión de Fiscalización sobre el trámite a juicio político contra los exvocales del Consejo de la Judicatura.

Con cinco votos afirmativos (Jimmy Candell, María José Carrión, Homero Castanier, Luis Núñez y Raúl Tello), cinco negativos (Karla Cadena, Kharla Chávez, Sofía Espín, Silvia Salgado y Lira Villalva); y dos ausencias (Hermuy Calle y Daniel Mendoza) quedó estancado.

Aunque se esperó el voto dirimente de la presidenta de la mesa, María José Carrión, tampoco se logró que el trámite pasara a la Asamblea.

Así se abren tres caminos: que la solicitud quede sin archivarse, pero tampoco tratarse en el pleno; que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) se pronuncie; o que el pleno decida.

La asambleísta Karla Cadena, de AP, rechazó que se la responsabilice de la votación del pasado viernes, cuando no estuvo presente y tampoco hubo suficientes votos para aprobar el trámite. Señaló que “la incapacidad de presentar pruebas que avalaran” provocó la falta de acuerdo.

Kharla Chávez (AP) dijo que el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa estipula que el plazo para una reconsideración ya pasó.

Dijo que esta petición debía acogerse hasta el sábado 9 de junio y que la reconsideración podría ocasionar la nulidad del proceso. “Ya no somos competentes”, sintetizó.

Lira Villalva (RC) fue más explícita sobre la petición de la Presidenta de la Comisión, de reconsiderar la votación: “... hace pedidos al margen de sus funciones (...) es una intromisión”.

Al término de la sesión, María José Carrión, titular de la mesa, explicó que será el CAL el que tome una decisión. “En la Comisión de Fiscalización ya no se puede hacer nada más”, apuntó.

Para Luis Fernando Torres, el CAL “no tiene obligación de pronunciarse sobre un tema que carece de resolución dentro de la Comisión de Fiscalización”.     

Agregó que la ley es clara y que un juicio político solamente procede si lo recomienda la comisión, que no es el caso. “Si el pleno decide asumir el tratamiento podría seguir el juicio político”, concluyó. (I)