Una presunta manipulación de datos provenientes de un informe oficial, el cual incluye 220 trámites sobre actos de corrupción fue denunciado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Mónica Banegas, vicepresidenta del organismo, se mostró preocupada y aseguró que desde sectores “interesados” se ha pretendido manipular el Informe de las denuncias y pedidos tramitados de actos que generan corrupción presentado por la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Cpccs.

El informe detalla que la entidad tramitó 130 denuncias y 90 pedidos durante 2013. Las provincias con mayor número de trámites fueron Pichincha con 115 y Guayas con 61, concentrando el 81% del total de casos.

Uno de los datos criticados por la oposición y los medios de comunicación fue la cantidad de denuncias que no fueron admitidas y que erróneamente han sido archivadas.

La tendencia histórica de no admisión se mantiene en 71%. Y eso ocurre porque las denuncias que se presentan no son competencia del Cpccs.

Banegas explicó que existen tres tipos de archivos: en admisión (porque no cumple los requisitos), en investigación (cuando no se encontraron indicios de responsabilidad penal, civil o administrativa); y en patrocinio (cuando ha concluido el proceso de investigación).

De las 220 denuncias y pedidos tramitados aclaró que 84 casos están en investigación, mientras que otros 435 casos se están patrocinando, de los cuales 176 culminaron y se archivaron “luego de un largo proceso de trabajo”.

Banegas insistió en que se confunden las denuncias archivadas con las que no fueron admitidas y denuncias con casos de investigación en trámite. “No toda denuncia es un caso y no toda denuncia se admite”, recalcó.

La funcionaria señaló al consejero David Rosero como uno de los promotores de este hecho. Afirmó que por obtener espacios en medios de comunicación ocurre esta manipulación con la intención de descalificar el trabajo del organismo.

El informe firmado por Mario Rivas, secretario técnico de Transparencia del Cpccs, entre otros funcionarios, señala que existen 96 casos en el sector de la función Ejecutiva (44%), mientras que el 20% corresponde a Gobiernos Autónomos Descentralizados.

El informe en cuestión reporta que existen denuncias contra instituciones adscritas a la Función Ejecutiva como centros de salud dependientes del Ministerio del ramo o colegios y escuelas que se someten a la cartera de Educación.

Para Banegas se confunde estas instituciones con el Gobierno Central, lo que produce aseveraciones maliciosas.

“Hasta el momento son presunciones y no se puede hablar de casos de corrupción”, aseveró.

Con esta advertencia, el clima al interior del organismo se friccionó. Inmediatamente después de la intervención de Banegas, Rosero aseguró que existe una deuda con la ciudadanía en el combate a la corrupción. Para él las atribuciones del Cpccs le permiten investigar cualquier hecho que genere corrupción o afecte los derechos de participación.

Insistió en su lectura del informe. Rosero suma el 71% de denuncias no admitidas con el 18% archivado para indicar que el 89% de probables hechos de corrupción del país no merecen una investigación.

Además asegura que la Subcoordinación Nacional de Investigación tiene un número mayoritario de denuncias sobre irregularidades administrativas (53) que pueden llegar a tener responsabilidad penal.

A estas se suman 16 denuncias en la contratación pública, 11 en el campo penal, 2 en el tributario y 2 en el constitucional, dando un total de 84 denuncias hasta el 22 de noviembre de 2013, señaló.

Actualmente existen 41 investigaciones activas y 18 procesos concluidos, de los cuales 10 ya están listos para ser presentados ante el titular del organismo, Fernando Cedeño, y 8 informes finales están en proceso de revisión.

Existe una observación especial de un expediente extraviado en 2012, el cual fue denunciado en la Fiscalía General del Estado. El caso está en indagación previa.

Para Rosero, esta situación se da porque existen solo 10 investigadores en todo el país y las respuestas por parte del organismo se ofrecen pasado el año en que fueron aceptadas las denuncias.

Acusó al presidente del Cpccs de no trasladar las funciones ni desconcentrar las atribuciones de investigación a las provincias. “Lamentablemente todo se centraliza en Quito y se burocratiza la investigación”, dijo el consejero.

El Cpccs fue uno de los organismos que creó la Constitución de Montecristi. Forma parte de la Función de Transparencia y Control Social que introdujo también la Carta Magna de 2008.

Datos

El informe abarca aspectos de procedencia de las denuncias, su estado, procesos de investigación, entre otros.

El documento revela que el 96% de tipos de denuncias es generado por la corrupción y el 4% afecta la participación ciudadana.

Los casos más denunciados ante el Cpccs son relacionados con negligencia administrativa (47); seguidos de peculado (15); procesos licitatorios (9); nepotismo (6) y falsificación de documentos (6).

Se registra un 70% de pedidos de información por parte de la ciudadanía a entidades del Estado y 23% a los Gobiernos Municipales, como tendencias mayores.

De los 84 casos de investigación, uno fue robado en 2012.