Con el respaldo de los bloques legislativos de Alianza PAIS, CREO, Bancada de Integración Nacional (BIN) y el Bloque Acción Democrática Independiente (BADI), hoy este martes 16 de julio de 2019 se prevé oficializar el segundo juicio político contra integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Raúl Tello, del BADI, anunció que oficializará el pedido fiscalizador en contra de los cuatro consejeros que votaron por la creación de la comisión para revisar la designación de la Corte Constitucional (CC). Ellos son: José Tuárez (presidente), Walter Gómez, Victoria Desintonio y Rosa Chalá.

La semana anterior, el legislador independiente Fabricio Villamar presentó el primer pedido de juicio, pero solamente contra Tuárez. Lo acusa, entre otras cosas, de haber violentado la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su artículo 21, numeral 10; incumplir con el artículo 208, numeral 4, de la Constitución que ordena al Consejo investigar las denuncias de corrupción.

A su vez, Tello argumentó que el incumplimiento de funciones en el que habría incurrido Tuárez se configuró al haberse negado a entregar información a la Comisión.

Asimismo, para este día la Fiscalía llamó a los legisladores Jeannine Cruz y a Tello para que reconozcan su firma, dentro de la denuncia penal presentada contra los cuatro consejeros. Con esto se inicia formalmente la investigación contra el sacerdote Tuárez.

En tanto, este lunes 15 de julio de 2019 la Unidad Judicial de Contravenciones de Tránsito de Carapungo oficializó la aceptación de las medidas cautelares solicitadas por el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, en contra del CPCCS.

Esto implica que el Consejo de Participación está impedido legalmente de revisar el proceso de designación de los jueces de la CC. García anunció que velará para que se cumplan las medidas cautelares y advirtió que se tomarán medidas si hay desacato. (I)