Fue un informe de 161 páginas con las observaciones a su gestión lo que recibieron los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE): Nubia Villacís, Ana Paredes, Paúl Salazar, Mauricio Tayupanta y Luz Haro.

El documento fue elaborado por una comisión técnica compuesta por cinco personas, designada por el Consejo de Participación  Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST).

Aunque no se conoce en detalle el contenido, el resultado generó la reacción de al menos la presidenta del organismo electoral, Nubia Villacís. El Consejo Transitorio les dio un plazo hasta el martes 3 de julio para que presenten sus documentos de descargo.

En un comunicado Villacís manifestó que, después de haber revisado el informe remitido, le preocupa que la evaluación realizada a su gestión, “se haya llevado a cabo de una manera evidentemente subjetiva”.

Sostuvo que el informe deslegitima la actuación del organismo y los resultados de los últimos procesos electorales, incluido el referéndum y consulta popular de 2018.

Por eso en el texto que se publicó en redes sociales preguntó: “¿Las autoridades electas en dichos comicios también son ilegítimas?, ¿La designación del Consejo Transitorio, que obedece al mandato popular expresado en la pregunta 3 del Referéndum y Consulta Popular 2018, también lo es?, ¿Sus decisiones podrían ser consideradas “ilegales”?”.

Además dijo que una de las argumentaciones para deslegitimar “el trabajo realizado durante mi periodo es mi formación profesional. Para el Consejo Transitorio soy ilegítima e incapaz de ocupar el puesto de autoridad electoral porque soy comunicadora y he ejercido el periodismo”.

El consejero Paúl Salazar señaló que ya revisó el informe y que por el momento se recopilan todos los documentos para desvirtuar las aseveraciones anotadas. Dijo que una vez notificado se dedica a recabar la documentación de soporte para hacerla llegar al Consejo Transitorio.

De allí que espera ser escuchado por el pleno del organismo evaluador; “sin embargo, más importante que las palabras son los hechos concretos del trabajo realizado en el CNE”.

No dio a conocer parte del contenido del informe, pero aseguró que acata la disposición de presentar sus descargos. “En función de eso estoy recogiendo mis pruebas a lo anotado”.

Myriam Félix, integrante del Consejo Transitorio, aseguró que lo único que hacen es cumplir con el mandato popular; “tenemos  parámetros de evaluación avalados incluso por las Naciones Unidas, que usamos para el análisis del Consejo de la Judicatura que cesamos”.

Precisó que el informe se centró en revisar la legitimidad del cargo, el cumplimiento de funciones, la gestión de recursos públicos, la transparencia y evaluación ciudadana, los cuales se subdividieron en 21 indicadores.

“Los consejeros tendrán tiempo para defenderse y luego lo podrán hacer públicamente, así vamos a evaluar al Superintendente de Bancos, al de Compañías, la Corte Constitucional, cuyo proceso de evaluación está en marcha de acuerdo al cronograma entregado”, aseguró Félix.

En cambio la consejera Luz Haro reiteró que ha sido muy respetuosa con el proceso y que aceptará lo que determine la entidad evaluadora.

Afirmó que los cinco vocales del organismo electoral se encuentran con funciones prorrogadas por decreto presidencial, “por lo tanto nos mantendremos en el cargo hasta ser reemplazados”.

Pronunciamiento

La vicepresidenta María Alejandra Vicuña también se refirió al trabajo que desempeña el CPCCST, “la entidad no puede ir ni más allá ni más acá de lo que estipula la Constitución y el mandato del 4 de febrero pasado, vía votaciones”, dijo durante una entrevista radial.

Añadió que es rol de la ciudadanía velar porque el Consejo haga su trabajo apegado a la Constitución y que “existe una valoración, en general, positiva”. (I)