“Aquí hay manoseo de votos”, fue la afirmación del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, luego de que halló actas de escrutinio presuntamente duplicadas en el cantón Mocache (Los Ríos), para la elección de alcalde.

Esto motivó una denuncia que presentó el miércoles 10 de abril el consejero Luis Verdesoto en la Fiscalía, para que la entidad determine a los culpables de la adulteración de las actas de escrutinio.

En una de las juntas de Mocache descubrieron 6 actas duplicadas, que contenían datos cambiados para favorecer a determinados candidatos y las que Verdesoto entregó como prueba de un posible fraude electoral.

No obstante, el consejero estima que esta investigación no afecta el proceso electoral del pasado 24 de marzo, sino a funcionarios en los sitios donde detectaron las adulteraciones.

Las anomalías en Los Ríos se presentaron desde el pasado 3 de abril, cuando el presidente de la junta provincial Luis Páez, fue removido del cargo luego de los reclamos de organizaciones políticas que dijeron que el funcionario cerró el escrutinio sin dar paso a las impugnaciones presentadas.

El pleno del CNE determinó que esta acción fue ilegal, por lo que nombraron en su lugar a Patricio Márquez, quien en cambio procedió a abrir unilateralmente las urnas selladas del cantón Mocache, sin resolución de los integrantes de la junta provincial.

Esto provocó el cambio de  los resultados y que subiera como ganadora la candidata a alcalde por Alianza PAIS Yenny Domínguez, en lugar de María Holguín, del Partido Social Cristiano, quien aparentemente obtuvo la mayor cantidad de votos al finalizar el escrutinio el 2 de abril.

Además se descubrieron las actas adulteradas y duplicadas con datos mal sumados a favor de una de las candidatas, lo que provocó otra crisis en el CNE.

Ante esta situación, el pleno del organismo se reunió el martes pasado y con el voto de la presidenta Diana Atamaint y los vocales Esthela Acero y José Cabrera, se dejó sin efecto toda la gestión realizada por la junta provincial de Los Ríos a partir del 3 de abril.

Con esta decisión se anuló  el reconteo, por lo que el CNE tomará en cuenta los resultados del escrutinio con los que ganó la alcaldía de Mocache, María Holguín.

Esta situación atizó la controversia al interior del ente electoral, ya que el vicepresidente Pita, así como el consejero Verdesoto no estuvieron de acuerdo con la decisión.

Pita aclaró que la resolución vulnera el derecho que tienen las organizaciones políticas de presentar impugnaciones.

La ley otorga 48 horas para que hagan las reclamaciones, por lo que esos tiempos están vencidos; “hay vacíos horrorosos que no deben ser resueltos al apuro. Quienes votaron a favor tendrán que asumir las responsabilidades por estas situaciones  irregulares”, manifestó.

Verdesoto dijo que se deberían repetir las elecciones en el cantón Mocache, o al menos examinar la posibilidad de trasladar las urnas a Quito, para recontar voto por voto, pero la mayoría del CNE no aceptó esta alternativa.

Por tal motivo, optaron por presentar la denuncia en la Fiscalía, de manera que se determine a quienes cometieron fraude por la alteración de las actas. “La investigación de la Fiscalía no afecta los resultados de las elecciones en general”, aseguró.

El abogado Esteban Ron, docente de la Universidad Internacional (UIDE), opinó que el CNE ha cometido muchos errores, pues al dejar sin efecto lo actuado por la Junta de Los Ríos, desde el 3 de abril, se deja de lado el legítimo derecho de los sujetos políticos para presentar reclamaciones.

Esto empujará a quienes se sientan perjudicados a presentar recursos administrativos de impugnación y petición de corrección al propio organismo, para que los resuelva y posteriormente ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), lo que dilatará el proceso.

Pero en estas resoluciones no hay que olvidar la responsabilidad de carácter político que todas las autoridades del Estado tienen, en virtud del cumplimiento de sus funciones y competencias.

Ron estima que en caso de configurarse una conmoción de carácter social, “los consejeros deberán ser sometidos a un juzgamiento de tipo parlamentario”. (I)