Después de que el pasado 30 de mayo la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador presentara un listado de 197 personas para que el Gobierno les otorgue la amnistía o el indulto, Jorge Herrera, titular de la Conaie, confirmó que el 4 de julio próximo entregarán  un nuevo listado con más pedidos a la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional.

Confirmó esto la tarde del martes, en el evento mediante el cual la Conaie presentó a la ciudadanía su ‘Plan urgente para la implementación y construcción del Estado Plurinacional e Intercultural’. En cinco puntos se detallaron los pedidos que serán entregados al Ejecutivo.

Entre otras cosas, exigen que el Estado abandone progresivamente el extractivismo y la derogatoria de los Decretos 16 y 739 expedidos por el expresidente Rafael Correa; y la creación de la ley de comunas, pueblos y nacionalidades.

Exigen también  que se reforme: la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales; el Código Orgánico Integral Penal; el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y Aprovechamiento del Agua.

A ello se suma el pedido de reestructuración de la Universidad Intercultural Amawtay Wasi.

Como pedido trascendental, el movimiento solicitó la creación de una instancia pública de planificación y generación de políticas públicas para y desde las comunas, pueblos y nacionalidades.

Cecilia Velásquez, subcoordinadora nacional del movimiento Pachakutik, advirtió que continúan con el rechazo al proyecto de Código de Participación Ciudadana y Control Social, presentado el pasado 31 de marzo por Johanna Cedeño, de AP y que de aprobarse convocarán a la ciudadanía a rechazarlo. (I)

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Herrera pidió ley contra corrupción en sector público

Jorge Herrera, presidente de Conaie, pidió se mantenga la lucha contra la corrupción y exigió que la Asamblea Nacional inicie un enjuiciamiento político al vicepresidente Jorge Glas.

Resaltó que debe fortalecerse la Comisión Cívica Anticorrupción y que sea auspiciada por organizaciones sociales, así como la creación de una ley que prohíba a funcionarios públicos que han sido sancionados por corrupción, volver a ocupar un cargo público. (I)