El excontralor general del Estado Carlos Pólit envío esta mañana dos cajas de documentos a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, a través de los cuales expresa su oposición al tratamiento de un posible juicio político por incumplimiento de funciones.

El extitular de la Contraloría entregó el informe por medio de su abogado, Jorge Acosta, quien manifestó que en el documento se demuestran las violaciones procedimentales y el cumplimiento de funciones por parte del excontralor. "Si actuáramos en estricta legalidad, no tendría piso este enjuiciamiento político".

Entre las labores en sus años como contralor se detalla, por ejemplo, los 2.226 exámenes con responsabilidad penal dirigidos a la Fiscalía, que es la institución que "debió procesar judicialmente el asunto".

Dentro de esa cifra están los 16 exámenes con responsabilidad penal efectuadas por el caso de Odebrecht, incluido el proyecto hidroeléctrico San Francisco.

Luego del acuerdo entre la Fiscalía y la empresa Odebrecht para cooperar con la investigación, Acosta afirmó que allí también la Contraloría hizo un examen especial para determinar si cumplieron o no con lo pactado en esta transacción.

En el proyecto San Francisco, por ejemplo, Pólit detalló de manera exhaustiva, a todos los participantes en las etapas precontractual, contractual y de función, que obligó posteriormente, a la expulsión de la empresa brasileña del país.

Esta tarde, desde las 14:00, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea analizará todas las pruebas de cargo y de descargo presentadas hasta hoy. Allí, el proponente del juicio político, Daniel Mendoza, también presentará un informe sobre las pruebas recabadas.

Luego, la Comisión emitirá un informe al presidente de la Asamblea, José Serrano, en donde se solicitará el archivo del juicio o su inicio. Sin embargo, Mendoza recordó que la ley ampara que los asambleístas pueden pedir una prórroga de cinco días para tratar el tema. "El juicio no nace como una pesquisa política o como la búsqueda de un trofeo, sino de llegar a un buen puerto".

Silvia Salgado, legisladora socialista, recordó que los asambleístas no pueden definir si hay o no delito por el excontralor. “Nosotros no podemos sentenciar al excontralor, nosotros solo determinamos la responsabilidad política por el incumplimiento de sus funciones”. (I)