El 9,3% de la comunidad LGBTI está inmerso en la política

Según un estudio realizado por el Centro de Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) de Perú, en América Latina y el Caribe la población LGTBI sigue excluida de los espacios de representación política y en la toma de decisiones públicas.

“Con ello se tiene un panorama de discriminación, se afectan los derechos y se limita la democracia”, refiere dicho estudio.

Ecuador no está lejos de esta realidad, pues en la última encuesta efectuada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en 2016, sobre los derechos de la comunidad LGBTI, se registra que el 9,3% ha participado en organizaciones, grupos o movimientos políticos.

Asimismo, el INEC señala que el 36,1% de las personas participa de forma activa en un movimiento u organización; existe mayor colaboración de grupos LGBTI (73,5%) en grupos sociales o culturales (ver gráfico).

Mientras que el 47% de las personas LGBTI señala que no le interesa participar en grupos, movimientos u organizaciones.

En tanto que el 12,4% manifiesta que siente temor a que se enteren de su orientación sexual; mientras que el 11,4% ha sido víctima de rechazo, desprecio y odio por ciertos sectores de la sociedad. 

Pero, en las elecciones de 2017, la activista trans Diane Rodríguez fue electa como la primera asambleísta alterna, del legislador Carlos Vera, que llegó al Parlamento con el voto popular, a través del movimiento político Alianza PAIS (AP).

Pero no era la primera vez que Rodríguez participaba en una elección, pues en 2012 militó con el movimiento Ruptura de los 25, como posible candidata a representante por Guayas.

Sus actividades están relacionadas con el activismo LGBTI, pues es presidenta del colectivo Silueta X.

Sobre el tema se consultó al Instituto de la Democracia. Sus voceros, quienes prefirieron la reserva de sus nombres, dijeron que actualmente no cuentan con estudios que demuestren qué ocurre en este escenario.

Indicaron que cuentan con datos sobre la participación política de la mujer, mas no de la población sexodiversa.

Explicaron que en las estadísticas electorales, cuando una persona accede a una curul o gana una dignidad de elección popular, no se coloca su identidad de género.

Indicaron que tampoco se tienen datos sobre qué ocurre en los partidos políticos, si se cumple una cuota de participación.

La legisladora de Alianza PAIS (AP), Ximena Peña, explicó que en las reformas al Código de la Democracia no se incluyó algún articulado sobre la inclusión de la comunidad LGBTI, puesto que en los debates de la ley “no hubo propuestas en ese sentido”, pero sí de la participación de jóvenes y mujeres.

Una visión de la realidad
Efraín Soria, director  de la  Fundación Equidad, mencionó que hace 12 años han existido varios intentos de participación política partidista de la comunidad LGBTI.

Mencionó que ningún partido político tiene en sus estatutos objetivos y principios, temas de inclusión de personas LGBTI.

Sobre la partición repentina, comentó que han participado a manera de relleno en las listas, es decir, los colocaron en los últimos puestos o como alternos, mas no los principalizaron. “No hemos tenido ningún representante LGBTI que  haya ganado alguna representación popular”.

Para Soria, es muy importante que las personas de la comunidad que quieran participar en la vida política del país se preparen, con el fin de que asuman responsabilidades.

“No basta con ser LGBTI para entender las problemáticas del país, hay que entender qué significa un puesto político”.

Cristian Paula, de la Fundación Pakta, señaló los motivos que podrían influir en esta baja participación política partidista de la comunidad LGBTI.

En ese sentido mencionó que en la política pública no existe ninguna ley que exija una cuota  de participación de la comunidad. Sin embargo, señaló que conocen de la intervención de personas LGBTI en ministerios, partidos, pero no son visibles.

“La mayoría que está en estos cargos no revelan su orientación sexual o su identidad de género porque pueden existir repercusiones en su estabilidad laboral o carrera política”.

Comentó que existe una línea conservadora al interior de los partidos políticos, que no incluye la agenda de los derechos LGBTI.

“Todos los derechos que hemos logrado han sido a través de juicios; no hay la predisposición del Estado en reconocer nuestros derechos y romper con la estructura de discriminación”. (I)

Cuatro partidos dieron apertura a la diversidad
El Partido Social Cristiano (PSC), la Izquierda Democrática (ID), Democracia Sí (DS) y Pachakutik (PK) fueron las organizaciones políticas que dieron apertura a la comunidad LGBTI para que participe políticamente, desde las elecciones de 2017.

“La comunidad LGBTI significaba del 5% al 8% del padrón electoral, es decir un millón de votos en los procesos electorales”, señala Javier Acuña, catedrático y activista de la Universidad Central del Ecuador.

Con respecto a la participación partidista, indica que reconoce el amplio espacio que dio el PSC en Santa Elena a la comunidad trans, al igual que lo hizo Democracia Sí en Santo Domingo de los Tsáchilas, entre otros.

Para Acuña, esta situación fue un intento de aproximación, mas no una cuota que captaba líderes y lideresas de este colectivo para que hagan política.

El catedrático comenta que los partidos que se han acercado a estas personas, son los progresistas de izquierda, como también de derecha.

Pero critica que al interior de los partidos políticos, las escuelas ideológicas no dotan de una carrera política.

Hace diferenciaciones entre la actividad política social, con la  partidista: la primera obedece al activismo ciudadano de los colectivos LGBTI, es decir, sin ninguna ideología, sino que comulga con sus reivindicaciones por sus derechos, por ejemplo