Administración comunitaria, asignación de fondos, la no privatización del recurso, entre otros, serán los temas que delegados de organizaciones de segundo grado de Cotopaxi y Carchi llevarán hoy a las audiencias públicas, en el marco de la consulta prelegislativa al proyecto de Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.

Las audiencias se realizarán en la Delegación Provincial Electoral de cada jurisdicción. Los miembros de la Comisión de Soberanía Alimentaria, encargada del trabajo, se dividieron en dos grupos.

En Cotopaxi estarán los asambleístas Miguel Carvajal (presidente de la comisión), Ángel Vela, César Umaginga, Marcia Arregui, Montgómery Sánchez Ordóñez y Nelson Serrano, mientras que en Carchi estarán Mauricio Proaño (vicepresidente), Esthela Acero, Richard Zambrano, Bairon Pacheco, Esther Ortiz y Liuba Cuesta.

A Mario Alomoto, presidente del Movimiento Campesino Indígena de Cotopaxi (MICC), le preocupa la administración comunitaria, la asignación de fondos y la redistribución de estos.

9.1 kilómetros al norte de Latacunga está la parroquia rural Aláquez. Allí el 70% de la población se dedica a la agricultura, y su principal problema es la falta de agua para riego, especialmente en el verano.

Por eso, el tema de la mala distribución del líquido será expuesto por Ángel Plazarte, de la corporación de Organizaciones Indígenas de esa parroquia.

Son nueve organizaciones las que discutirán este y otros problemas. Alomoto las considera pocas, más aún cuando él inscribió 68 comunidades y 33 concesiones de segundo grado.

Ramiro Vela, asambleísta por Cotopaxi, explicó que las organizaciones a las que se refiere Alomoto ya participaron en la consulta que se dio hace dos años. “Ahora estamos en la segunda etapa con organizaciones de segundo grado que en Cotopaxi son nueve”, sostuvo el legislador.

A la audiencia de hoy también están invitados los gobiernos autónomos seccionales, con el afán de lograr la mayor participación ciudadana dentro de los debates.

No obstante, la prioridad serán las organizaciones, expuso César Umaginga, asambleísta por Cotopaxi (Pachakutik). “Técnicamente no se puede trabajar en debate con mucha gente”, reconoció.

Humberto Vichisela, delegado de la Ucica, reclamó que la convocatoria se haya realizado de “un día para otro”, sin embargo, se siente animado para participar lejos de tiendas políticas. Sostiene que los movimientos o partidos a los que pertenezca cada uno se deben dejar de lado y pensar en el bien común.

Desconocimiento
En Carchi, según dirigentes parroquiales y campesinos, hay desconocimiento sobre la consulta prelegislativa. Manuel Chenaz, presidente de la comuna La Esperanza, en la parroquia de Tufiño (Tulcán), sostuvo que la Ley de Aguas no se ha socializado.

Esta localidad de 14.066 hectáreas donde habitan cerca de 900 familias, además tiene fuentes hídricas ubicadas en el páramo y en el sector del Artesón que abastecen con cerca del 80% o 90% de agua a la capital provincial.

Milton Carapaz, presidente del Consejo de Comunas Campesinas de Montúfar (CCM), que agrupa a 34 comunidades, solicitará que la distribución sea más equitativa, pues habría empresas, terratenientes y latifundistas que tienen de tres a cuatro concesiones.

Wilmer Tulcán, presidente del Gobierno Parroquial de Urbina, señaló que dentro de la jurisdicción parroquial existen tres juntas administradoras de agua potable que se manejan de manera autónoma.

En julio de 2011 la Prefectura de Carchi recibió la competencia del riego que anteriormente estaba en manos del Gobierno central.

Por lo tanto, ellos han planificado la oferta del riego público, pero en los cantones más secos, como Mira y Bolívar. Espejo es el mayor ofertante del líquido debido a que alberga a la mayor reserva, que es la zona ecológica de El Ángel.

La Prefectura también trabaja en la elaboración del plan provincial de riego, para lo cual ha contabilizado a 142 juntas de regantes, en su mayoría conformada por sistemas comunitarios: cuatro son públicos y dos fueron transferidos a usuarios.

Para Nataly Burbano, coordinadora regional de la Demarcación Hidrográfica de Mira de Senagua, en Carchi, se fortalecen a las juntas administradoras de agua para riego.

También trabajan en los estudios para un megaproyecto que busca abastecer de líquido a los ciudadanos, al riego y la electrificación para los cantones Mira, Bolívar y Montúfar. Al proyecto se lo conoce como de captación de agua desde la zona de Cofanes-Apaqui.

CUERPO LEGAL ESTARÍA LISTO EN TRES MESES

Para fines de junio o principios de julio se aspira a tener finalmente aprobada la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, una vez que culminen todos los procesos de consulta y la comisión legislativa elabore los informes respectivos.

El presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Miguel Carvajal, anunció que en las audiencias provinciales, que comenzarán hoy, participarán las organizaciones de segundo grado inscritas y calificadas en un proceso que inició a fines de 2012, con las organizaciones de primer grado.

En esa época, dijo, esos sectores respondieron cuestionarios, en torno a cinco temas recogidos en 51 artículos del texto, relativos a los derechos colectivos: manejo de las aguas rituales en territorios indígenas, formas de organización consuetudinaria para el manejo del agua y el punto de vista de nacionalidades en el manejo de la estructura institucional sobre el manejo del agua.

Explicó que con estas consultas se pretende incorporar los criterios de estos sectores. “Es un proceso democrático que tenemos que manejar con amplitud”, sostuvo.

Según el vicepresidente de la comisión, Mauricio Proaño, para estas consultas se elaboró previamente un instructivo. “Estamos en la segunda etapa que es la consulta a organizaciones de segundo grado (provincial) inscritas en su debido momento y terminará el 15 de abril en El Oro”, recalcó.

Luego de esto la comisión preparará un informe para llevarlo a la mesa nacional, que es la tercera etapa.

“Creo que en dos meses entraríamos a la votación en segundo y definitivo debate y existe la posibilidad de incluir algunas propuestas, porque las consultas, según la Corte Constitucional, no son vinculantes, aunque hay temas que sí son importantes y que podrían ser parte de la normativa”, dijo el asambleísta.

En dos meses más, después de las consultas, se tendría listo el informe para entrar a la votación que fue suspendida, lo que sería a finales de junio.

Datos

En Cotopaxi se inscribieron la Corporación de Organizaciones Indígenas de Aláquez, Unión de Organizaciones y Pueblos Indígenas y Campesinas Poaló y Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi.

También: Integridad de Comunidades Campesinas de Ramón Campaña, Corporación de Organizaciones Campesinas Promejoras Pastocalle, Circunscripción Territorial Indígena del Gobierno Autónomo de Tigua, Unión de Organizaciones Indígenas Rumiñahui, Federación Organizaciones Indígenas y Campesinas de Chugchilán y Unión de Comunidades Indígenas y Campesinas de Angamarca.