El canciller Guillaume Long indicó que en una reunión con el embajador de Estados Unidos, Todd Chapman, reiteró la importancia de que se concrete la extradición de los hermanos Roberto y William Isaías.

Long informó que el pasado 6 de junio, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictaminó que no existe violación a las garantías del debido proceso en el caso de los hermanos Isaías, en donde alegaban la supuesta vulneración, por parte del Estado ecuatoriano, de derechos estipulados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

"Vamos a seguir con la extradición de los hermanos Isaías", dijo Long. Al tiempo expresó que es "inaludible" el dolor causado por exbanqueros, prófugos de la justicia.
"Es momento de que cumplan la pena que les fue impuesta", acotó. 

"Los procesos penales han sido canalizados a través de jueces y órganos jurisdiccionales debidamente integrados y competentes, conforme a la ley, garantizando de ese modo la objetividad, independencia e imparcialidad de sus decisiones", argumenta el dictamen del Comité de la ONU.

Indica, además, que las declaraciones públicas emitidas por los representantes de las funciones Ejecutiva y Legislativa respecto del caso Filanbanco no incidieron en la independencia e imparcialidad de los jueces que declararon culpables a los Isaías por el delito de peculado.

Agrega que en la tramitación del proceso penal contra los hermanos Isaías no se vulneró su derecho a ser juzgados sin dilaciones indebidas. Se confirma que las y los jueces de la República han atendido absolutamente todos los requerimientos planteados.

Plantea que la conducta imputada a los hermanos Isaías -peculado bancario- ya estaba tipificada en el artículo 257 del Código Penal vigente cuando ocurrieron los hechos. "La reforma de 1999, posterior a los hechos, simplemente clarificó lo establecido en relación a los sujetos activos del tipo penal", aclararon.

Según el canciller, el dictamen del Comité de Derechos Humanos ratifica que, en este caso, no se ha perseguido a personas, sino actos delictivos bajo el principio de legalidad. 

Jorge Zavala, abogado de los acusados, rechazó las afirmaciones del canciller. Dijo  "el dictamen condena al Estado ecuatoriano. No interpondremos ninguna acción. Esperaremos las acciones para que el Estado repare los derechos vulnerados a mis defendidos". (I)