Otro caso de corrupción que involucra a 18 entidades públicas, incluidas empresas municipales y prefecturas, fue descubierto por la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), lo que causó un perjuicio al Estado de $ 28 millones.

La trama desarrollada del 2012 al 2016 consistía en hacer contratos de obras o servicios por montos de entre $ 100 mil y $ 5 millones.

Las entidades elaboraban facturas y emitían pagos a empresas que constan como fantasmas en el registro del Servicio de Rentas Internas (SRI), para luego repartirse los montos.

La CNA investigó las bases del SRI y obtuvo el listado de 22 compañías que emitían facturas y cubrían salidas de dinero de instituciones del sector público.

Según el artículo 25 de la Ley de Régimen Tributario, las empresas fantasmas son entidades de papel constituidas mediante una declaración ficticia, con la finalidad de aparentar una actividad económica, para justificar transacciones, ocultar beneficios y modificar ingresos y gastos para evadir obligaciones.

Jorge Rodríguez, presidente de la CNA, indicó que 10 mil funcionarios estarían involucrados en facturaciones falsas durante el gobierno anterior. Indicó que esta vez alcanzaron a identificar 39 casos con este tipo de esquema fraudulento que perjudicó al Estado.

Entre las instituciones públicas donde la CNA descubrió esta modalidad consta la Coordinación 7 del Ministerio de Turismo, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, la Dirección Distrital de Obras Públicas del Guayas y Empresa pública vial de Los Ríos.

Además los gobiernos descentralizados de Chimborazo, Orellana, Saraguro, San Sebastián, Los Ríos y Guayas. También la Dirección Nacional de la Policía Judicial y la Subsecretaría de Educación Distrital del Distrito Metropolitano de Quito.

De acuerdo al análisis de la Comisión, las instituciones públicas que tienen un número mayor de contrataciones con empresas fantasmas es la Dirección Distrital de Obras Públicas MTOP-Guayas, con 4 contrataciones.

Rodríguez se preguntó por qué instituciones como el SRI no actuaron, cuando conocían que los esquemas de corrupción eran simples.

Según la CNA, los auditores internos de las instituciones públicas estarían involucrados en estas irregularidades. De las 9.600 organizaciones estatales, casi todas tienen auditor interno, que técnicamente dependen de la Contraloría del Estado, “pero al parecer muchos son parte de esta mafia, se llevan dinero a través de facturación falsa”, indicó.

Además se percataron de que en muchos municipios y prefecturas algunos funcionarios se convirtieron en expertos en llevarse recursos económicos a través de las compras pequeñas.

La modalidad consistía en aprovechar contratos de montos pequeños para que no se den cuenta de la salida de estos capitales. Por estos motivos los miembros de este organismo presentaron la denuncia a la Fiscalía para que investigue la posibilidad del cometimiento de delitos como cohecho, asociación ilícita, peculado, defraudación tributaria y lavado de activos.  

Además, para que los fiscales puedan identificar a todos los funcionarios involucrados en estas irregularidades de manera que puedan ser juzgados.

Juan Guarderas, integrante de la comisión, dijo que a dos años del Gobierno todavía no hay detenidos por facturación fraudulenta.

José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), exhortó a la Fiscalía a que todas las denuncias presentadas sean atendidas para que estos actos de corrupción no queden en la impunidad. (I)