Diego García, exprocurador del Estado, presentó este viernes 9 de noviembre, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, sus pruebas de descargo en el marco del juicio político planteado en su contra por la legisladora Mae Montaño.

Según Montaño, el exfuncionario perjudicó los intereses del país con sus fallos, al facilitar el retorno de la compañía Odebrecht, pese a las glosas que tenía en su contra por parte de la Contraloría.

Además, la legisladora argumenta que García dejó al Estado ecuatoriano en indefensión, en el juicio al exvicepresidente Jorge Glas, al no acudir a la audiencia de formulación de cargos y, en su lugar, envió a un delegado, quien llegó tarde a la referida diligencia judicial, causa que fue declarada en abandono.

Respecto del pronunciamiento sobre la permanencia en sus cargos de algunos de los vocales del anterior Consejo Nacional Electoral, la legisladora Montaño asegura que, conforme la sentencia emitida por la Corte Constitucional el 2 de abril de 2015, el Procurador solo podía pronunciarse sobre temas no relacionados con disposiciones de la Carta Suprema y, al absolver la consulta del secretario de la Presidencia de la República, Eduardo Mangas, en noviembre de 2017, se escuda en el artículo 24 del Código de la Democracia; sin embargo, en el fondo, interpreta una norma constitucional, facultad exclusiva de la Corte.

Respecto al supuesto incumplimiento de patrocinio del Estado ecuatoriano en el caso Odebrecht, García señaló que "la Ley de la Procuraduría determina que el Procurador podrá delegar la representación judicial del Estado".

Aseguró que no existe norma alguna que determine el tipo de prioridad que tiene para el Procurador acudir a determinadas audiencias y no a otras, precisamente porque tiene muchas causas, la ley prevé que, con la misma diligencia y probidad que el Procurador, puedan intervenir sus delegados, dijo.

En relación a la supuesta arrogación de funciones y desviación de poder, García señaló que la Presidencia le planteó entonces dos consultas, en relación al periodo y la designación de los miembros del CNE.

"La cesación de funciones de los entonces funcionarios del CNE interrumpiría las actividades institucionales, contraviniendo la finalidad de la Función Electoral. Ese es el pronunciamiento del Procurador a la consulta de la Presidencia, expuso García.

"No hay arrogación de funciones ni desviación de poder. El pronunciamiento del Procurador se enmarcó en la Constitución y en la Ley de la Procuraduría. Era necesario que las autoridades del CNE se queden hasta que el CPCCS designe a sus reemplazos", defendió el exprocurador en la sesión. (I)