“El Consejo Nacional Electoral no ha negado ninguna posibilidad de consulta en el país, lo que hace es actuar con base en la Constitución y la ley”, aclaró el presidente de este organismo, Juan Pablo Pozo, durante una visita a la delegación de Guayaquil.

El funcionario explicó que los pedidos de consulta popular deben cumplir 2 requisitos: el primero debe tener legitimidad, es decir adjuntar número de firmas que determina la ley, y el segundo es que cuando se trata de reformas a la Carta Magna, la Corte Constitucional tiene que calificar la pregunta y el procedimiento a seguir.

En base a estos requisitos, el CNE tramitó el viernes pasado, durante la sesión del pleno, los pedidos de consulta popular presentados por dos colectivos diferentes de Guayaquil.

“A través de los informes jurídicos, el pleno del CNE determinó que la solicitud presentada por el ciudadano Édison Galecio Mora, que incluye dos preguntas referentes a las tarifas de transporte, era un asunto de interés público y que la respuesta a esas preguntas no implica ningún asunto de reforma a la Constitución, por lo que se realizará la entrega de los formularios respectivos para la recolección de firmas en respaldo a esta iniciativa”, dijo Pozo.

El plazo para los colectivos es de 180 días, a partir de la entrega de los formularios, para que presenten los respaldos necesarios.