Por segunda ocasión el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó al Colectivo Compromiso Ecuador los formularios para una consulta popular sobre la reelección.

La pregunta era “¿Está usted de acuerdo con que en el Ecuador se permita la reelección indefinida del Presidente de la República y otros cargos de elección popular?”.

La decisión se basó en el informe presentado por la Coordinación General de Asesoría Jurídica que asegura que la solicitud incumple el artículo 100 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales  y Control Constitucional, y además no cuenta con un dictamen previo de la CorteConstitucional (CC).

Esta norma legal establece que “todo proyecto de enmienda o reforma constitucional debe ser enviado a la Corte Constitucional para que esta indique cuál de los procedimientos previstos en la Constitución corresponde, especificando que cuando la iniciativa provenga de la ciudadanía debe hacérselo antes de dar inicio a la recolección de las firmas requeridas para la respectiva convocatoria a referendo”.

El presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, explicó que cuando se trata de asuntos constitucionales la CCestablece primero el procedimiento y determina el control constitucional, luego viene el requisito de legitimidad, es decir la recolección de rúbricas.  

En cambio, para los asuntos de interés público se entregan primero los formularios para la recolección de firmas y después pasa por el control constitucional.

Según el constitucionalista Jorge León, la decisión fue “absolutamente política” para no permitir un referéndum. Añadió que dentro de laCarta Magna, lo que corresponde es primero calificar la pregunta y luego dar trámite a las firmas.

Compromiso Ecuador reaccionó en Guayaquil. El líder de Creando Oportunidades (CREO), Guillermo Lasso, insistió en que ellos no quieren cambiar la Constitución sino mantenerla tal cual está.

En una rueda de prensa no dijo cuáles serán los siguientes pasos, solo que defenderá la democracia. Entre la primera y segunda pregunta presentada solo varió una palabra.

Consulta popular en Guayaquil

Otra consulta tuvo distinto destino. El CNE aprobó los pedidos de consulta popular sobre transporte público urbano en Guayaquil planteados por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y el ciudadano Édison Mora, en representación de dos colectivos. En los próximos días se entregarán los formularios para la recolección de firmas que respalden la convocatoria.

A partir de allí ambos peticionarios tendrán 180 días para reunir el apoyo del 10% del padrón del puerto principal. Si pasan ese obstáculo, las preguntas serán revisadas por la CC.

El Municipio de Guayaquil planteó el pasado 22 de enero 2 preguntas. La primera señala: ¿Aprueba usted que en las actuales condiciones que se presta el servicio de transporte público de buses urbanos en Guayaquil, se eleve el valor del pasaje?, y ¿Considera usted que después de que se reforme el sistema del servicio de transporte público de buses urbanos en Guayaquil y los transportistas adquieran nuevas unidades o mejoren significativamente las existentes, se les reconozca $ 0,05 de incremento al pasaje?              

Al mismo tiempo el CNE aceptó 8 de las 10 preguntas presentadas por el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos y la Coalición de Organizaciones Ciudadanas por Guayaquil, liderados por César Cárdenas. Estas preguntas están relacionadas con cambios en el servicio de transporte municipal (Metrovía), el retiro de la concesión de agua potable y alcantarillado a Interagua, la desconcentración de los servicios municipales para que se los preste por distritos, y que en la Policía Metropolitana haya más participación de mujeres.

Estas resoluciones fueron aprobadas por decisión unánime de los 4 consejeros principales y la vocal suplente Luz Haro, quien actuó en reemplazo de Paúl Salazar.

Sobre la resolución, Cárdenas expresó su complacencia al saber que el CNE aceptó la propuesta de someter a consulta popular 8 de las 10 preguntas, pero dijo que esperarán que la CC resuelva la constitucionalidad de las 2 preguntas pendientes respecto de las competencias del agua potable y alcantarillado en manos de Interagua, que es una empresa privada, así como el tema de la tasa de contribución al Cuerpo de Bomberos, vía empresa eléctrica, ambas elevadas a consulta. 

DATOS

En la misma sesión del pleno del CNEse inadmitieron revocatorias de mandato de 4 asambleístas de Azuay por falta de fundamentos jurídicos.    

Las peticiones de revocatorias de mandato planteadas por Gustavo Pinos y otros fue en contra de los asambleístas de PAIS, Diego Vintimilla, Mariángel Muñoz, Rosana Alvarado y Lilian Guzmán Ochoa.

Los requerimientos de revocatorias fueron planteados el 13 de enero de 2015, en la Delegación Provincial Electoral del Azuay. Se determinó que no se cumplieron con los requisitos legales.

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece que “los electores podrán revocar democráticamente el mandato a las autoridades de elección popular por incumplimiento de su plan de trabajo”.