El primero en ingresar a la pequeña sala del Consejo Transitorio (CPCCST) para exponer oralmente los descargos al informe de evaluación a los vocales del CNE fue Paúl Salazar. Él llegó minutos antes de las 10:00.

Enseguida entró la presidenta del organismo electoral, Nubia Villacís, seguida de los vocales Luz Haro y Mauricio Tayupanta. Ellos se ubicaron en las sillas laterales del lugar, con excepción de la vicepresidenta Ana Marcela Paredes, quien no ingresó a la sala para estar junto a sus compañeros.

El presidente del CPCCST, Julio César Trujillo, una vez que constató el quórum, (solo faltó el consejero Xavier Zavala) invitó a que Nubia Villacís presentara sus alegatos.

Entonces Villacís proyectó en las pantallas el informe que preparó con cuadros explicativos, mientras enfatizaba la primera observación: su legitimidad en el cargo. “Soy montuvia y por declarar mi identidad no me asignaron puntaje cuando participé en el concurso de mi elección”, aseguró.

Comentó que no firmó ningún contrato y que delegó a otros funcionarios, de acuerdo a la ley, el trámite de los contratos que constan en el análisis, la mayoría de ínfima cuantía.

Por eso no se hicieron bajo la modalidad de presentación de ofertas y se privilegió a pequeños negocios.

“Hijos de nuestra legitimidad”

“La página 11 de mi informe dice que es necesario resaltar una vez más que ustedes, señores consejeros, son producto del referéndum y consulta popular, es decir son nacidos de nuestra prórroga. Hijos de nuestra legitimidad”, enfatizó.

Sobre la eliminación de Ruptura de los 25, del padrón electoral, aclaró que fue una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) luego de seguir el debido proceso. “La existencia de una organización política que no se presenta a participar en un proceso electoral no tiene sentido”, exclamó. Eso hizo Ruptura en los comicios seccionales de 2014.

Terminados los 30 minutos que otorgó el CPCCST para que expongan sus alegatos siguió Paúl Salazar. Él también defendió su gestión y explicó que están en funciones prorrogadas por una disposición legal que fue consultada a la Procuraduría del Estado.

Luego le tocó el turno a Ana Marcela Paredes. “Mi posición fue siempre disonante del cuerpo colegiado tanto en la anterior administración como en la actual. Por ejemplo, discutí abiertamente la exagerada cifra que se planteó en un inicio para el presupuesto de las elecciones de 2019”.

Paredes aseguró que por esas declaraciones fue objeto de represalias: “el personal que laboraba conmigo fue despedido por decir que hacía falta transparencia en la gestión del CNE”.

Aseguró que semanas después de que aprobaron el presupuesto, “que califiqué públicamente de inflado y que no contó con mi aprobación, el pleno del CNE sorpresivamente volvió a tratar el tema y la cifra pasó de $ 140 millones a $ 119 millones, a pesar de que todavía era posible bajar esa cifra”.

Dijo en su intervención que el presupuesto puede ser más eficiente, “el problema es que en la actual situación no hay espacio para el debate y el análisis”.

Paredes también comentó que en su caso reemplazó en funciones a una consejera que renunció, cuyo periodo fenece en 2021, “por lo que de acuerdo a la Constitución y leyes no me encuentro con funciones prorrogadas”.

Durante su turno de 30 minutos, Luz Haro igualmente dijo que su desempeño en la entidad se ha basado en los preceptos de la legalidad.

Mientras que Mauricio Tayupanta, quien cerró las comparecencias, señaló que ingresó como consejero en la renovación parcial de 2015, por lo que no es responsable de nada de lo anotado en el informe.

Trujillo indicó que los descargos presentados serán analizados de manera individual, “así como el conjunto del trabajo del CNE”.

La resolución final será dada a conocer en 5 días, después de los cuales habrá 3 días para impugnación, antes de ratificar la decisión. (I)