La situación se complica cada vez más para el Consejo Nacional Electoral (CNE). Surgen nuevas voces que piden a su evaluador, el Consejo de Participación Transitorio, que cese a los vocales.

Pese a la feroz defensa de su presidenta, Nubia Villacís, el CNE se ha quedado solo. Este lunes 9 de julio, colectivos agrupados en el “Observatorio Ciudadano Electoral” pidieron al Consejo Transitorio (CPCCST) que fiscalice los recursos económicos que han manejado.

Jorge Acosta, expresidente del antiguo Tribunal Supremo Electoral, dijo que es necesario revisar el presupuesto aprobado para las elecciones de 2018. “La técnica indica que por cada votante hay un gasto de $ 2.5, por lo que el presupuesto aprobado está inflado”.

En esa línea, Andrés León, quien también perteneció al extinto TSE, señaló que para los próximos comicios, los de 2019, “asignaron en primera instancia $ 140 millones,  luego los bajaron a $ 120 millones; habría que analizar ítem por ítem para ver dónde está inflado”.

Y agrega que en “un momento  difícil para el Estado tendría que hacerse un presupuesto más realista”.

El coro de críticas viene ahora de quienes antes estuvieron en el organismo electoral. Fausto Camacho, exmiembro del CNE, acotó que cuando formó parte de la entidad laboraban 400 funcionarios, “hoy existen 1.200, habían 12 direcciones y en la actualidad cerca de 30 directores, además de 7 cargos creados que están por encima, denominados coordinadores”.

Para Camacho eso significa que la nómina está inflada, “eso no tiene sentido, en el CNE hay piponazgo, allí hay que entrar a sanear”.

Según él, la consulta popular de 2011 valió  $ 21 millones, “la que acabamos de vivir costó $ 80 millones, se gastaron 3 veces más. Aquí debe actuar la Contraloría para mirar temas en los cuales se están despilfarrando los dineros públicos”.

Para los tres exmiembros de la Función Electoral, la evaluación a los miembros del CNE era necesaria, pues consideran que los cinco vocales deben ser destituidos por irregularidades.

Nubia Villacís, quien fue la que abrió la puerta de la consulta popular de febrero pasado que a su vez permitió la instalación del Consejo Transitorio, tiene un argumento. Dice que si ella está de manera ilegal en el cargo, entonces todo lo actuado es ilegítimo, incluido el referendo.

Hay otro argumento contra el CNE. Camacho mencionó la eliminación del padrón electoral del movimiento Ruptura de los 25. Para él se trató de una sanción ilegal, sin ninguna razón jurídica.

“Fue producto de las órdenes que daba el expresidente Rafael Correa en las sabatinas”, proclamó de la tienda política que quedó en penúltimo lugar en las presidenciales de 2013.

Sobre la eliminación de Ruptura, la evaluación elaborada por el CPCCST señala que en julio de 2014 el CNE canceló del registro electoral a Ruptura por estar incursa en la causal numeral 3, del artículo 327 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas.

Ese numeral menciona el mínimo de apoyo popular que deben tener las tiendas políticas para seguir con vida jurídica. Pero el CPCCST anotó que el CNE “decidió aplicar al Movimiento Ruptura la sanción prevista por el incumplimiento de un requisito impuesto a partidos políticos. Debemos tomar en cuenta que movimiento político y partido político no son lo mismo, lo que está especificado en la Constitución”.

En las conclusiones resaltaron que en el caso de Ruptura, “se privó a sus representantes del derecho al debido proceso, pues se verifica que el CNE no concedió las condiciones, ni la oportunidad para que el movimiento presente sus pruebas de descargo durante el procedimiento”.

Por lo tanto concluyó que “las actuaciones de los consejeros y los funcionarios del CNE constituyen violaciones a la Constitución y leyes vigentes, por lo cual los infractores deben ser sancionados y las víctimas de estos abusos reparadas”.

Acosta señaló que estas acciones “demuestran hasta la saciedad el abuso de estas personas que actuaron de manera ilegal”.

Sobre la posibilidad de que el Consejo Transitorio determine cesar del cargo a los consejeros, Camacho aclaró que esa decisión no afectará en nada a los procesos electorales en marcha.

Argumentó que el CPCCST se verá obligado a encargar por un tiempo la conducción del organismo, sin embargo confían en que serán personas idóneas. Él pide que los reemplazados “tengan idoneidad y autonomía de cualquier poder fáctico o político; no puede existir ningún tipo de cooptación como ha sucedido en estos últimos años”.

La presidenta del CNE, Nubia Villacís, declinó referirse al tema. (I)

Austeridad
Para las elecciones de 2019
El Consejo Nacional Electoral destinó un presupuesto de $ 119’748.897,47, rubro modificado en abril pasado con el decreto ejecutivo de austeridad. La cifra se redujo en el 15,66%, es decir eran $ 141’979.491, o sea 3% más que los comicios de 2014.   

5 papeletas recibirán los electores en las zonas urbanas, mientras que en las rurales 6.  

Ajustes económicos del CNE
El presupuesto fue elaborado con base en una proyección correspondiente a los 13’425.896 electores (el 14% más de los empadronados registrados en las elecciones seccionales de 2014). (I)