La mañana de hoy, en los exteriores de la Unidad de Flagrancias de la Fiscalía (norte de Quito), familiares y representantes legales de 21 detenidos por las manifestaciones del pasado jueves, se concentraron para exigir su liberación. 

Este grupo fue detenido por el presunto delito de ataque o resistencia durante las protestas que se registraron tras la aprobación de las enmiendas dentro de la Asamblea Nacional. Además de ellos, otras 3 personas están sindicadas, pero fueron liberadas con medidas sustitutivas a la prisión preventiva y se encuentran bajo instrucción fiscal, informó Ciro Guzmán, abogado de los detenidos. Los familiares se concentraron en los bajos del edificio con carteles y pancartas y aseguraron que se está violentando la libertad de expresión.

Luego de leer un manifiesto, los parientes de los detenidos explicaron las razones de su demanda, ya que -a decir de sus abogados- los alegatos de Fiscalía no sustentaron el arresto.

Ese fue el caso de Andrea R., hija de Juan Francisco R., quien fue detenido el pasado jueves. La mujer relató que su padre no participó en las manifestaciones. Aseguró que el hombre salía del Hospital Militar cuando fue arrestado.

Similar situación le ocurrió a Patricio C., albañil que quedó detenido cuando salió de su trabajo, contó Carmen C., su hermana. La mujer señaló que los procesados estarán en prisión por 15 días y tendrán que pagar alrededor de $ 200 cada uno para pagar una multa por daños a propiedad pública. "¿De dónde vamos a cancelar ese dinero?", expresó.

Magdalena A., madre de Melani A., quien también se encuentra detenida, reconoció que ella salió a protestar en rechazo a las enmiendas constitucionales. Pero indicó que los policías detuvieron a su hija de una forma abrupta. "Me insultaron, me dijeron muchas groserías y a mi hija la agredieron. No es posible que se abuse de autoridad", detalló.

Milton Castillo, abogado de los procesados reiteró que "la sentencia emitida el 4 de diciembre en contra de los detenidos fue una demostración de la legislación penal como un mecanismo para silenciar". Y aseguró que el día de las protestas, "los policías tuvieron la orden de limpiar y de desalojar a como de lugar con una violencia impresionante".

Hasta el momento hay 5 abogados que asumieron la defensa de los procesados. Guzmán reiteró que ni la Fiscalía ni la Policía han utilizado elementos válidos para formular los cargos. Indicó que no se individualizaron los procesos. "Fiscalía tenía que decir a quién atacaron y quién fue quién ocurrió", expresó el abogado.

Mesías Tatamuez, presidente nacional de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut),  rechazó  la sentencia del juez de Unidad de Flagrancia a los activistas,  y la instauración de un juicio penal en contra de cuatro de sus  compañeros.  Anunció que tendrán reuniones en esta semana para evaluar los resultados de las protestas, y así  tomar futuras acciones. 

Durante las protestas del jueves 3 de diciembre, 13 policías resultaron gravemente lesionados con politraumatismos debido a las manifestaciones violentas. Los gendarmes sufrieron golpes con palos y piedras. Los caballos en los cuales se movilizaban ese día también sufrieron agresiones con lanzas por los manifestantes. En una de las fotos difundidas por el Ministerio del Interior se aprecia a un importante dirigente indígena agrediendo con una lanza al equino.

De acuerdo a los reportes, cerca de 70 miembros de la Policía Nacional han sido heridos por los activistas desde que iniciaron las protestas en agosto de 2015 hasta diciembre. (I)