El informe final de la CIDH sobre las protestas sociales que sacudieron a Ecuador a principios de octubre, podrían tardar hasta diciembre de 2019, explicó este miércoles su presidenta, la panameña Esmeralda Arosemena.

El informe final "es un documento que, primero requiere de la elaboración y luego el planteamiento que representa la evaluación de los siete comisionados" de la CIDH, y eso "nos toma entre un mes o cinco semanas", recalcó Arosemena en una rueda de prensa que ofreció en Quito.

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo esa declaración previo a inaugurar la tercera edición del Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que concluirá este jueves, en el marco del 174 periodo de sesiones del organismo que tendrá lugar en la capital ecuatoriana entre el 8 y el 14 de noviembre.

Arosemena señaló que, sobre la visita que realizó la CIDH a Ecuador, para evaluar la situación tras las protestas sociales, el organismo emitió un comunicado de prensa en el que ofreció una primera visión de su observación, pero que el informe final se dará a conocer en su momento.

Durante su visita a Ecuador, la comisión de la CIDH mantuvo diversas reuniones, tanto con funcionarios de Gobierno como con representantes de sectores sociales.

Recordó que esa visita obedeció a una invitación del propio Estado ecuatoriano y que tenía como objetivo observar, "recoger los testimonios y escuchar a las autoridades para una evaluación y propuesta para nuestras recomendaciones".

La delegación de la CIDH, que visitó Ecuador entre el 28 y 30 de octubre, concluyó su trabajo preocupada por la serie de denuncias de violaciones a los derechos humanos y el hostigamiento que sufrió la propia misión en una de sus actividades, según señala el comunicado de prensa emitido hoy.

En ese texto, la CIDH expresó su preocupación por la serie de denuncias que recibió durante su visita a Ecuador sobre violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la protesta social, así como de actos de hostilidad contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como de "utilización del sistema penal en contra de manifestantes, líderes sociales y de oposición".

También por la información de afectaciones por acciones violentas contra agentes del Estado que podrían constituir delitos, de perjuicios económicos y materiales sufridos por el Estado y por el sector privado, así como de situaciones de "caos y zozobra a lo largo del país".

Al respecto, la Comisión hizo un llamado al Estado ecuatoriano a investigar "de forma imparcial, exhaustiva y expedita, tanto las violaciones de derechos humanos como los delitos que se hayan cometido en dicho contexto, así como juzgar y sancionar a los responsables".

Además, la CIDH estimó como "graves los episodios de hostigamiento que sufrió la delegación durante su visita a la cárcel de Latacunga, por parte de los agentes de seguridad de ese establecimiento, quienes prohibieron a la delegación tomar imágenes y vídeos y le impidieron realizar su trabajo en ese lugar".

En el boletín, la CIDH tomó nota de las "disculpas extendidas por la Cancillería" ecuatoriana, que ofreció un "prolijo análisis" del suceso para "que esto no se repita". (I)