La Subcomisión de Desarrollo Económico de la Asamblea culminó en Quito el ciclo de la coevaluación de la Ley de Fomento Productivo, en el que participaron sectores productivos, académicos y sociedad civil.

En el encuentro se valoró si la norma cumple con el objetivo de promover empleo, atraer inversiones, generar producción y otros aspectos.

El asambleísta Fernando Burbano, del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), indicó que conocieron cómo y en qué aspectos beneficia la ley a los sectores involucrados.

Por ello receptaron inquietudes y sugerencias para la segunda etapa de la nueva reforma económica.
Burbano señaló que el sector de la construcción solicitó entablar diálogo con el Ministerio de Vivienda para que los planes habitacionales sociales se extiendan al mayor número de constructores.

También plantearon una mejor difusión de la ley para que los agremiados conozcan que es factible acceder a créditos estatales y así realizar inversiones inmobiliarias.

“Medir el impacto de las leyes es responsabilidad de la Asamblea. En esta ocasión, como vamos a evaluar la Ley Fomento Productivo, es necesario contar con los aportes del sector productivo”, manifestó el legislador.

En el encuentro, el sector turístico propuso establecer un mecanismo para que la ley considere a las remodelaciones turísticas como nuevas inversiones y que el fondo de gestión, establecido en la ley, sea presupuestado.

El coordinador del Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Marcelo Espinel, señaló que un proyecto de ley no se puede realizar a espaldas de la ciudadanía.

“Es necesario buscar que todos los sectores de la economía aporten sobre el impacto de la normativa de Fomento Productivo”, indicó.

Burbano también dijo que una de las principales preocupaciones de quienes participaron en la evaluación de la norma es que los reglamentos e instructivos demoran los procesos y son tramitologías engorrosas y muchas veces hasta innecesarias. (I)