El gobierno chino confía en que la justicia ecuatoriana y las instituciones encargadas de proteger el medioambiente en Ecuador actuarán “de acuerdo con la ley” en el caso de la embarcación Fu Yuan Yu Leng 999, capturada en las costas de Galápagos, así lo confirmó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying.

“La parte china cree que los departamentos pertinentes de Ecuador manejarán el caso de acuerdo con la ley, y también garantizarán los derechos e intereses legítimos del pueblo chino y las empresas afectadas”, expresó la funcionaria en su conferencia habitual de prensa.

Precisó que los funcionarios del gobierno de China ya están al tanto de la captura y sentencia de la tripulación y recordó que una de las políticas del gobierno de este país es oponerse a cualquier forma de pesca ilegal.

“En cuanto a la protección de la fauna silvestre amenazada, el gobierno chino ha adoptado una actitud de "tolerancia cero" hacia la participación en el comercio ilegal de animales y plantas silvestres en peligro de extinción y sus productos”, dijo Hua.

Reiteró el pedido del gobierno chino a las empresas pesqueras financiadas por esta nación de que “siempre operen legalmente para proteger el medioambiente marino”.

La reacción de la portavoz se dio un día después de que la justicia ecuatoriana condenara a los integrantes de la embarcación china a prisión de entre uno y cuatro años por el delito de tenencia y transporte de especies protegidas.

La sentencia se dio luego de tres día de ausencia de juzgamiento, en la que también se determinó que la parte culpable debe pagar 5,9 millones de dólares por concepto de reparación integral de los daños ocasionados en el frágil ecosistema marino de las islas Galápagos.

El dictamen también incluyó el decomiso penal de la embarcación por parte de la estatal Inmobiliar para beneficio de la población del archipiélago y, en caso de ser rematada, el valor de la venta llegará al Parque Nacional Galápagos.

El delito está tipificado en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal. Este proceso fue debidamente sustentado por la acusación particular de la Dirección del Parque Nacional Galápagos y la Fiscalía de San Cristóbal. (I)