La asambleísta de Alianza PAIS (AP), Karina Arteaga, presidenta de la Comisión de Trabajadores, será convocada por tercera ocasión a rendir su versión por el presunto caso de corrupción denunciado en su contra. Se prevé que la diligencia se efectúe durante los primeros 15 días de febrero.

Arteaga no ha asistido por dos ocasiones a la convocatoria de la Fiscalía; si esta vez no acude, la fuerza pública deberá actuar. La Fiscalía también llamó a John Álava, esposo de Arteaga, y a Lili Alcívar, directora distrital de Educación, quienes no se han presentado hasta el momento.

La legisladora tiene dos denuncias más por el presunto cobro de diezmos, que aún se encuentran en periodo de investigación.

Según la denunciante, dos pagos por $ 2.861 fueron depositados en la cuenta de John Álava, esposo de la legisladora Arteaga. El dinero fue entregado por Verónica Pinargote, exasesora de la parlamentaria y correspondía a sus sueldos de septiembre y octubre, de 2018.

Pinargote señala que depositaba el 90% de su remuneración y que durante tres meses fue obligada a “diezmar” sus haberes para el pago de una camioneta de la asambleísta.

La joven asegura que desde que puso la denuncia y antes de la misma sufrió amenazas. Como parte de los pedidos de Pinargote, en este caso, ella solicita al Estado que se la incluya en el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos. El proceso judicial se encuentra en fase de indagación previa; el caso está en manos del fiscal Diego Rosero, en Quito.   

Este Diario intentó conversar con la asambleísta, pero su director de comunicación, Nelson Ordóñez, indicó que no podía, puesto que tenía una agenda apretada en Manabí.  

Pinargote presentó la denuncia ante la Asamblea Nacional; el documento fue entregado a César Litardo, presidente del Legislativo.

Al respecto, Litardo dijo que “la ley establece presunción de inocencia hasta no probar el delito. Más allá de las denuncias que tenga la asambleísta Arteaga está en un proceso judicial que no tiene todavía evidencia”.

Sobre su cargo como presidenta de la Comisión señaló que fue una determinación de la comisión, que ellos decidieron que esté a la cabeza.

Mencionó también que las posiciones políticas individuales deben quedarse a un lado. “Seguramente podría haber una afectación, pero espero que no afecte al trabajo. Lo importante también es que la agenda tenga leyes positivas que generen empleo, seguridad ciudadana, que difícilmente un grupo político se pueda oponer”.

Denuncias sin respuestas

El asambleísta Fabricio Villamar, en enero de 2019, presentó varias denuncias a la Fiscalía General del Estado sobre presuntos casos de concusión.

Las autoridades de control no han dado respuestas de las investigaciones sobre los legisladores Karina Arteaga, Johanna Cedeño, María José Carrión, Marcia Arregui, Teresa Benavides, de las filas del oficialismo.

Además de Juan Pablo Velín, exmilitante de AP; Fernando Burbano, antes de CREO-Podemos; Sebastián Palacios, de SUMA; Washington Paredes, antes de SUMA; Tito Puanchir, de Pachakutik. Todos están en investigación por los supuestos delitos de concusión y tráfico de influencias, según Fiscalía.

Villamar reiteró que hasta el momento las entidades de control no han respondido. “El último informe que me envió la Fiscalía señalaba que iniciaron algunas acciones, pero aún no recibo otro”.

Al legislador independiente le preocupa que por el transcurso del tiempo se crea que en la Asamblea no se ha cometido el presunto delito. Afirma que no ha expuesto más documentos porque los casos están en indagación previa.

La Contraloría deberá presentar el informe al titular de la Asamblea, mientras que la UAFE trabaja en informes reservados y, de encontrar irregularidades, iniciará una acción penal.

El Telégrafo solicitó a las entidades de control información sobre el tema, pero hasta el cierre de esta edición dos de ellas no respondieron.

Propuesta de un Comité de Ética entrará en análisis

El próximo mes, el Pleno de la Asamblea Nacional tratará, en segundo debate, la Reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). Uno de los temas importantes que abordará la normativa es la creación de un Comité de Ética.

El legislador de SUMA, Guillermo Celi, indicó que es una propuesta necesaria para regular estas acciones, con la creación del organismo. Señaló  que así se garantizará transparencia.

Los temas innovadores, según Celi, serían la creación del organismos como tal, además de la Comisión de Seguimiento y Cumplimiento Legislativo. Mientras se realiza la investigación del o la legisladora se emitirá una licencia de su cargo que duraría el tiempo que lleve la investigación. Y de encontrar culpabilidad, se le retiraría la misma.

En lo que se refiere a los casos de diezmos, estos no tienen sanción en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). El parlamento destituyó a la asambleísta Norma Vallejo (AP), por tráfico de influencias, no por solicitar una parte de los salarios a los funcionarios de su despacho.

Otro caso de supuestos diezmos es el de Ana Galarza (CREO). Ese vacío legal ha sido la preocupación de legisladores de todas las bancadas. (I)