El papel que jugaron los abogados, jueces, ministros jueces y funcionarios de justicia en la década del 90, según extrabajadores de Texaco (Chevron), sería la clave para que los empleados perdieran los juicios y la transnacional petrolera no pague liquidaciones e indemnizaciones.

Hace 25 años, no han obtenido justicia la mayoría de los casi 600 extrabajadores de la transnacional petrolera que operó en el norte de la Amazonía ecuatoriana. Varios se sienten vulnerados en sus derechos humanos, un delito que no prescribe y por ello exigen justicia.

Pese a que desde 1991 entablaron juicios laborales, civiles, colusorios, por estafa y por daños y perjuicios en contra de la petrolera, del consorcio CEPE-Texaco y los operadores de ese entonces, jamás alcanzaron sus objetivos.

Algunos, como el caso de Darío Carrera, ya han muerto, mientras que otros obtuvieron sentencias en su contra: Luis Freire, Héctor Reinoso, Heraclio Bravo, Temístocles Serrano Viteri, Manuel Cabascango, Carlos Veintimilla, Adriana Naranjo, Hugo Andrade, Fanny Yépez, Freddy García Flor, Napoleón Montenegro, Ramiro Tamayo, Francisco Rivadeneira Tello, Soria Benavidez, José Pérez Proaño, Nelson Germánico Félix, Luis Villarruel Velázquez, Segundo Valentín Pueyo Cerón, Édison Toledo, entre otros.

En Texaco (cuyas acciones adquirió Chevron en 2001) hubo 2 modalidades de trabajadores: alrededor de 500 con contrato expreso firmado directamente con la compañía; y 50 con contrato tácito, quienes ingresaron a laborar enviados por la antigua empresa Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), en supuesta comisión de servicios.

Según revelan varios de los extrabajadores antes citados, quienes a través de EL TELÉGRAFO decidieron romper su silencio 25 años después, sus casos en contra de la transnacional no han encontrado eco en la justicia ecuatoriana. Frente a ello acudieron a organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero igual les han negado un trámite y sus casos “siguen estancados” más de una década.

¿Y la justicia cuándo llega?

A decir del ingeniero petrolero Édison Toledo, la lucha de él y sus excompañeros no solo ha sido contra el poder económico e influencia de Texaco, sino en contra de sus mismos abogados defensores, los jueces y ministros que han tenido a cargo los procesos.

“Siempre terminaron administrando justicia a favor de la transnacional”, reprochó Toledo y otros, y señalan como ejemplo el fallo emitido el 26 de febrero de 2004 por los ministros jueces Estuardo Hurtado Larrea (hermano del expresidente de Ecuador), Galo Pico Mantilla y Rodrigo Varea Avilés (ver facsímiles).

Incluso, los jueces de la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil de la  desaparecida Corte Suprema de Justicia impusieron multas económicas a los demandantes y costas judiciales (ver facsímil), lo que generó “temor” entre los extrabajadores afectados y motivó que muchos  desistan de las demandas.

“Jugaron con el miedo de quienes dimos nuestros mejores años a la empresa extranjera (Texaco). Hemos sufrido la violación de los derechos de seguridad jurídica y del debido proceso”, coinciden.

Por ejemplo, la resolución emitida el 6 de julio de 2006 por la Defensoría del Pueblo, admitió: “Que el ciudadano Édison Toledo al no ser notificado con la sentencia de 26 de febrero de 2004 dentro del juicio 246/01 que se tramitó en la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, hecho que le impidió recurrir a la misma como correspondería en derecho, ha sufrido la violación a los derechos a la seguridad jurídica y debido proceso establecidos en el artículo 23, numerales 26 y 27 de la Constitución (de 1998). Por tanto, el ciudadano, en función de estos hechos, está habilitado a ejercer las acciones legales de las que se encuentre asistido” (ver facsímil).

Incluso, los recursos de nulidad presentados por afectados han sido confundidos y olvidados por años en los archivos donde reposan las resoluciones que pertenecieron a la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil. Así lo reconoce por escrito, el 27 de mayo de 2009, la exsecretaria relatora de esa dependencia judicial.

Además, el recurso de nulidad presentado a la Defensoría del Pueblo el 28 de abril de 2005 por Toledo no fue enviado a la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil, tal como lo admitió Carla Patiño Carreño, directora Nacional de Protección de la Defensoría del Pueblo el 6 de junio del año 2012, a través del oficio No. DPE-DNPDHN-2012-0039-0.

En definitiva, los afectados dicen que hubo corrupción en el sistema, por lo que los juicios contra Texaco son nulos, pues “se violó el trámite, no se respetó el debido proceso, hubo tráfico de influencias, prevaricato y contubernio”, lo que implicaría a 27 exjueces, exministros jueces, y a 22 exfuncionarios. (I)

DATOS

En más de 20 años, los extrabajadores de Texaco (Chevron) aseguran que han sufrido daños directos e indirectos, entre ellos:

No han podido ubicarse a trabajar desde 1994. Han debido defenderse solos, pues dicen que los órganos respectivos les han negado la defensa. Por temor a represalias, incluso, abogados se han negado a patrocinarles la defensa.

Denuncian que los derechos vulnerados contra los afectados son: igualdad ante la ley; derecho a la honra; al trabajo; a la seguridad jurídica; al debido proceso y a justicia sin dilaciones, entre otros.

Este caso de los exempleados se une al desastre ambiental de Chevron en Sucumbíos y Orellana, que afectó a 30 mil indígenas y campesinos. La petrolera aún no ha pagado la indemnización impuesta por $ 9.000 millones. (I)

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Expatrono daba malas referencias

La mayoría de los afectados fueron mal asesorados

“Seis meses pasaron desde la huelga (27 de septiembre de 1989) y que nos hicieron firmar los finiquitos. En estos seis meses todavía compartíamos oficinas con los excompañeros que se quedaron bajo la dependencia de Texaco y ayudaron a los directivos. Había abogados, uno de ellos nos recomendó poner las demandas contra Texaco”, contó Margarita Yépez, exempleada de Relaciones Industriales o Talento Humano de la compañía estadounidense que operó en Ecuador desde 1964 hasta 1992.

Dijo que “ese abogado se constituyó en pieza fundamental y efectiva en contra de sus propios compañeros y del reclamo de los afectados por el desastre ambiental de la Amazonía. Al poco tiempo el abogado lideró toda la ofensiva en contra nuestra y así sostiene hasta hoy su trabajo, en buenas condiciones económicas”.

En cambio, las personas que no fueron admitidas por Petroamazonas o Petroindustrial, la mayoría era de operadores, oficinistas y tecnólogos, que buscaba trabajo en otras empresas petroleras que se  establecieron en ese entonces en el país, pero a muchos de ellos se los rechazaba porque al pedir informes a su exempresa (Texaco) les daban malas referencias.

“Yo misma lo comprobé: llamé algunas veces a Texaco preguntando por los antecedentes de algunos extrabajadores y me contestaron que no podían dar ninguna información y en cierta ocasión me dijeron que no los conocían”, indicó la extrabajadora de Relaciones Industriales de Texaco.

Añadió que la mayor parte de esos excompañeros tenía alrededor de 40 a 50 años y, aunque fueron eficientes en su trabajo, había mucha dificultad para que los contrataran no solamente por su edad, sino porque el expatrono no daba buenas referencias.

Frente a ello, algunos se dedicaron a negocios particulares, pero fracasaron, lo que ahondó la crisis económica y se produjeron no pocas separaciones conyugales con los consecuentes problemas familiares.

Eso -según Yépez-, era lamentable, ya que  muchos de los trabajadores dieron sus mejores años y hasta su vida por la compañía, y al final no recibieron liquidación ni indemnización.

Presentaron juicios laborales en contra de Texaco, pero si bien algunos ganaron en primera instancia, perdieron en todas las demás; a otros los liquidaron con el 50% con base en una supuesta Acta de Transacción “ilegal” aprobada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje el 19 de diciembre de 1989; a un tercer grupo le hicieron firmar desistimientos de procesos judiciales y finiquitos bajo presuntas “presiones y engaños”. (I)