En Italia viven alrededor de 200 mil ecuatorianos, la mayoría reside en Roma, Milán y Génova. Hace unos años se reportan conflictos intrafamiliares que, según la legislación de ese país, suponen la retirada de la tutela de los hijos por parte de los servicios sociales.

Según datos de los consulados, en la capital italiana 57 menores ecuatorianos han sido asistidos por los servicios sociales y 2 fueron separados de sus padres. En Milán, 81 menores de edad reciben asistencia y 2 ya no están bajo la tutela de sus progenitores.

Pero la situación más alarmante se produce en Génova, que recibió el mayor flujo de inmigración entre ambos estados el siglo pasado. Allí habitan aproximadamente 5.800 menores ecuatorianos con sus familias, de los cuales 1.234 están bajo seguimiento, la tutela de 148 depende de los servicios sociales y 66 han sido definitivamente alejados de sus familias.

Casi 100 menores ecuatorianos son separados de sus familias por parte de los tribunales. Por ello, las viceministras de Justicia, Nadia Ruiz, y de Movilidad Humana, María Landázuri, viajaron a Roma para reunirse con las autoridades italianas.

Junto al embajador en Italia, Juan Holguín, las funcionarias explicaron que “Ecuador quiere colaborar con Italia” y ya llegaron a una serie de acuerdos concretos con las autoridades para aunar esfuerzos. Durante su estancia se reunieron con el ministro de Justicia italiano, Andrea Orlando, con representantes de la Cámara de Diputados y del Senado, entre otros.

El embajador ecuatoriano dijo que, según la legislación italiana, la separación se lleva a cabo “por motivos de urgencia”, concepto  que no aparece especificado y que provoca una situación de vacío legal.

Landázuri ilustró este caso al precisar que en Ecuador un niño usa por sí solo el transporte público desde temprana edad, algo que en Italia acarrearía una investigación por “abandono”.

La viceministra abogó por el modelo que siguen otros países como, por ejemplo, España que, ante estas situaciones de “urgencia”, el Estado de acogida decide enviar al menor de vuelta a su país de origen con sus familiares, en vez de retenerlo en un centro de acogida.

Ambos países se comprometieron a intercambiar información y las oficinas consulares serán las encargadas de presidir una serie de mesas de trabajo y de reunirse con representantes de las alcaldías de estas ciudades para “repasar qué es lo que está ocurriendo”.