Candidatos a Defensoría del Pueblo y Fiscalía rindieron prueba escrita
Los cinco candidatos a la Defensoría del Pueblo y 17 a la Fiscalía General del Estado rindieron las pruebas escritas de oposición en las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Los postulantes a la Defensoría son: Saida Elizabeth Rovira, que obtuvo 12 puntos; Freddy Vinicio Carrión, 12; Julio Raúl Moscoso, 15; Gladys Verónica Potes, 14; y Claudio Hernán Rivadeneira que alcanzó 6 sobre 20.
Para la prueba de la Fiscalía General hubo hermetismo, algunos de ellos se sorprendieron por las notas. Ruth Palacios, actual titular de esa institución, sacó 11/20, mientras que Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, alcanzó los 10 puntos. Juan Vizueta, exdirector del Consejo de la Judicatura, con un puntaje de 10 sobre 20.
El mejor calificado de esa prueba fue Javier Bosques, fiscal de Pichincha.
Para esos exámenes los postulantes, en un sorteo, escogieron 20 preguntas de un banco de 100. Cada interrogante tuvo tres opciones de respuesta (opción múltiple).
Una vez que el equipo técnico del Consejo Transitorio imprimió el examen, los candidatos tuvieron una hora para responder.
Luego de ello, un equipo técnico del Transitorio escaneó, laminó el examen y entregó una copia de la prueba a los participantes.
Todo ese proceso fue vigilado por la Policía Nacional, la Comisión de Selección y los delegados académicos, quienes además, revisaron los exámenes y procedieron a calificar.
Incluso, en la prueba para la Fiscalía, hubo la presencia de Julio César Trujillo, titular del Consejo Transitorio, y del secretario de esa institución, Darwin Seraquive.
Trujillo afirmó que el Consejo debe respetar los resultados y que no se involucrarán en los resultados. “El mejor estará en el cargo”, dijo el titular del Transitorio.
Los aspirantes a los dos cargos que se sientan perjudicados por la calificación, tendrán dos días para apelar los resultados. Esto, a partir del martes 19 de febrero. Luego de ello vendrá la entrevista oral de los candidatos en el pleno del Consejo. También podrán impugnar esa evaluación. (I)