La Fiscalía muestra contradicciones en el análisis de los fondos que el gobierno de Venezuela entregó al expresidente Rafael Correa, por el Instituto de Pensamiento Político Eloy Alfaro.  

La noche del jueves 27 de marzo, el Ministerio Público decidió no abrir una indagación previa por los recursos que recibió ese organismo, creado por Correa.

Sin embargo, la fiscal Ruth Palacios puntualizó el martes pasado que se buscará esclarecer el supuesto financiamiento del Gobierno venezolano y de una cadena televisiva internacional a ese instituto.

Sobre esta decisión, el expresidente de la Comisión Anticorrupción, Jorge Rodríguez, dijo que este caso debe investigarse y que para ello se necesitará el contingente del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).

Rodríguez subrayó que luego de las investigaciones de estas entidades, la Fiscalía podrá actuar. El exsecretario Anticorrupción maneja una hipótesis, cree que ese dinero no es del Gobierno venezolano, sino de la corrupción del correísmo.

El funcionario manifestó que esos recursos están depositados en Venezuela y sirven para “robustecer las acciones de los correístas que se quedaron como guardametas” en Ecuador.

El secretario Anticorrupción, Iván Granda, subrayó que el gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela, entregó $ 281.000 (915 millones de bolívares) al Instituto de Pensamiento Político Eloy Alfaro, en 2018.

Según Granda, esos recursos podrían usarse para paliar la crisis humanitaria que se vive en Venezuela. El secretario se siente indignado porque dichos recursos de ese país se usaron con fines políticos. “Venezuela tiene la crisis humanitaria más grande de la historia”, indicó.  

Según el funcionario, el monto que entregó el gobierno de Venezuela al Instituto de Correa representa el salario de 1.170 trabajadores de ese país por un año.   

La repartición de los recursos

De los $ 281.000 entregados al Instituto, el ex-Mandatario recibió $ 96.200. De esta cifra, $ 84.800 se transfirieron a una cuenta suya en Bélgica. Mientras que $ 11.400 fueron depositados en el Banco del Pacífico, en Ecuador.

Los $ 184.800 restantes se repartieron a seis funcionarios y ministros cercanos del gobierno de Correa. Por ejemplo, el recién electo prefecto de Manabí y exdirector del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, recibió $ 6.500.

Mientras que el excanciller, Ricardo Patiño, obtuvo $ 31.091. También los exministros del frente económico de la administración gubernamental de Correa recibieron aportes de Venezuela.

Los exfuncionarios de Finanzas: Patricio Rivera y Fausto Herrera, y el exgerente del Banco Central, Diego Martínez, recibieron $31.091 cada uno.

El Instituto de Pensamiento Político Eloy Alfaro nació en julio de 2017. Al inicio estaba destinado a ser la escuela de nuevos líderes de Alianza PAIS (AP). Pero con el viaje de Correa a Bélgica se convirtió en una organización exclusiva de los allegados al exmandatario.

Correa es su presidente y recibe un sueldo por este cargo, además tiene ganancias por las consultorías que realiza con el Instituto.

Por eso, para el Secretario Anticorrupción se deben aclarar varios temas: ¿de dónde vienen los recursos para su funcionamiento? ¿Cumple con las obligaciones como una Organización No Gubernamental (ONG)?

En la cuenta de Facebook de ese instituto, se autodefine como una ONG.

Los videos publicados, desde el 22 de septiembre de 2017, son del programa Conversando con Correa, que fue transmitido por la agencia rusa Russia Today. También se transmiten en vivo los enlaces digitales que hace Correa desde Bélgica.

El Secretario Anticorrupción dijo que el Gobierno “cooperará con la justicia” para conocer la verdad sobre el desvío de fondos.

Pago a los abogados de Correa

Granda explicó que ese dinero le sirvió a Correa para pagar su defensa en el juicio por el secuestro del activista Fernando Balda.
Por este proceso judicial, el expresidente tiene una orden de prisión que lo mantiene prófugo en Bélgica.

Según Granda, el abogado Antonio Ingrola, en declaraciones de prensa, señaló que el Instituto de Pensamiento Político le pagó para que viniera a defender a Correa y “hacer una veeduría sobre el secuestro de Balda”.   

A criterio del Secretario Anticorrupción, con estas acciones se revela que el fin de este instituto no era establecer acciones de pensamiento político.

El funcionario de Estado se preguntó: “¿cómo, mediante el Instituto, se realizaron actividades de defensa personal de un juicio penal que enfrentaba Correa?”.

De hecho, el 26 de octubre de 2018, en su cuenta de Facebook se publicó un supuesto informe final de la misión de observadores sobre el secuestro de Balda. Ese documento no tiene ninguna firma de responsabilidad de sus actores.   

También, en esa página se adjuntan varios videos con entrevistas realizadas a supuestos integrantes de esa veeduría, como David Araméndiz, quien se refiere únicamente al secuestro del activista Balda.

Cancillería analiza la ONG

Granda también entregó esa documentación al canciller José Valencia. Él reiteró que se investigará, por vía administrativa, la actuación de esa organización.

Para el Secretario Anticorrupción, desde este instituto se generaron actividades “partidistas y políticas” a favor del expresidente Correa.

Por eso, Valencia subrayó que analizará si esa agrupación transgredió su razón de ser. Es decir, si cumple con el decreto 193, reformado por el presidente Lenín Moreno, y el acuerdo 0075, emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Estos documentos legales son el marco reglamentario que actualmente rige a las fundaciones, ONG e institutos en Ecuador.
Granda insistió en que ese instituto hizo “actividad política a través de su página web, y que tiene su domicilio en Ecuador”.

Valencia explicó que “aplicaremos la ley estrictamente, en apego a su letra y espíritu, y de allí se desprenderá la decisión final”.  

En cambio, Granda recordó que por “autoritarismo” del gobierno de Correa, algunas organizaciones como Acción Ecológica y Fundamedios fueron perseguidas y cuestionadas.

Espionaje de Correa continúa

El Secretario Anticorrupción afirmó que las acciones de espionaje que realizó Rafael Correa durante sus 10 años de gobierno siguen. A su criterio, un ejemplo es el caso de Investment Corporation (INA), que está en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Aclaró que el Gobierno ecuatoriano no está en contra de que se investigue cualquier acto “que pudiera estar fuera de la ley”. (I)