La existencia de una cámara de video en el despacho del presidente Lenín Moreno, sin su consentimiento, constituiría una violación a la intimidad y a la seguridad nacional, considera el especialista en seguridad Lautaro Ojeda.

El viernes pasado el mandatario denunció, en el gabinete ampliado, en Guayaquil, la existencia del dispositivo que habría sido manipulado vía remota.

Según el experto, la existencia del dispositivo podría quebrar la seguridad nacional. “En su despacho el Presidente puede resolver temas desde la cotidianidad hasta otros muy delicados”.

Para la asambleísta de Alianza PAIS, Soledad Buendía, hubo un error del equipo de seguridad del Presidente por no identificar oportunamente su existencia, pero también señala que un sistema de videovigilancia puede contribuir a precautelar la seguridad del mismo Mandatario.

“Cuando fui ministra de Estado teníamos las mismas seguridades. Es algo normal”, precisó, tras apuntar que la responsabilidad de informar sobre la cámara no recae en el expresidente Rafael Correa, sino en los encargados de la misma.

Su compañera de bancada, Priscila Naranjo, pidió celeridad a la Fiscalía investigar sobre la existencia del dispositivo.

Sobre el criterio de la legisladora Buendía, Ojeda agregó que su postura “no es un argumento. No todas las instituciones tienen cámaras. Hay entidades que tratan temas más importantes y necesitan privacidad”. Añadió que en la actualidad los equipos pueden ser manipulados desde lugares alejados, desde otro país. “No es un tema de indelicadeza, es un tema grave porque hay control y vigilancia”, resaltó.

Indicó que la negligencia no solo le corresponde al anterior cuerpo de seguridad, sino también al actual. Sin embargo, apuntó que este es un delito que los penalistas deberán resolver desde lo jurídico.

En octubre de 2016, el Ecuador fue denunciado en la sede de las Naciones Unidas por espionaje y seguimientos ilegales a ciudadanos opositores al expresidente Rafael Correa, entre los cuales se encontraban políticos y periodistas.

La coalición por la defensa del derecho a la privacidad y seguridad digital, conformada por la Fundación Milhojas y Usuarios Digitales, entidades de la sociedad civil, patrocinaron la acusación.

En 2015 el portal Ecuador Transparente expuso 31 documentos de la Senain, emitidos entre 2012 y 2014, los cuales mostraban el supuesto espionaje a varios políticos, ecologistas y periodistas.

El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 178, estipula que “la persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo [...] será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

Aunque el mismo artículo dice que no será aplicable en casos, entre otros, de información pública.

La Fiscalía continúa la indagación previa y está previsto que el informe sobre el uso del dispositivo se conozca en los próximos días. (I)