Caitisa arroja sus primeras observaciones a los TBI
La comisión ciudadana que audita los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones (TBI) firmados por Ecuador, informó los hallazgos y proyecciones realizadas desde su instalación hasta ahora, con miras al informe final que presentará en diciembre próximo.
A la quinta sesión de la Comisión para la Auditoría de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa), asistieron los comisionados de Colombia, Argentina, México, Paraguay, Australia, Uruguay y Ecuador.
La Comisión viene trabajando en tres ejes: 1) los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones de Ecuador; 2) el sistema de arbitraje de inversiones y los casos en contra del país; 3) la relación entre los TBI, inversión extranjera y modelo de desarrollo.
Un hallazgo de relevancia es que, en los años 90, el Ecuador suscribió tratados bilaterales que sometían al país a la jurisdicción del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial sin que Ecuador hubiera ratificado el instrumento jurídico de su creación, que solo se efectuó el 19 de abril de 2001.
En este sentido, la Caitisa buscará precisar los efectos jurídicos de los dictámenes de la Corte Constitucional proferidos en el trámite de denuncia de los tratados; revisar la legislación nacional relacionada con la aplicación de los TBI; así como identificar alternativas jurídicas para la desvinculación del Ecuador de las obligaciones generadas por los TBI vigentes.
Según Alejandro Olmos, coordinador del primer eje, a partir de 1965 el Ecuador ha suscrito 30 TBI, 28 de los cuales fueron celebrados entre 1992 y 2002. De ellos, 27 entraron efectivamente en vigor por ratificación de las partes. El suscrito con Egipto perdió vigencia debido a su falta de renovación.
De los 26 trámites de denuncia de los TBI iniciados en 2008 por Ecuador, están por terminar los suscritos con Paraguay, El Salvador, Cuba, Nicaragua, Honduras, Finlandia, Guatemala, República Dominicana, Uruguay.
Respecto al segundo eje, el comisionado Osvaldo Guglielmino, exprocurador de Argentina, indicó que el Estado ecuatoriano ha sido demandado en 25 ocasiones en tribunales internacionales, por controversias derivadas de los TBI: 15 arbitrajes ya terminaron y 10 están en proceso. La mayoría de las empresas demandantes operan en el sector de exploración y explotación de petróleo (al menos el 50%), seguidas por la minería y otras.
El país ha sido demandado aproximadamente por una cuantía de $ 19.500 millones y condenado al pago de $ 2.500. Hasta el momento ha desembolsado alrededor de $ 112 millones, por concepto de acuerdos de pago, una vez emitidos los laudos arbitrales.
En el caso Occidental versus Ecuador, se ordenó al Estado ecuatoriano compensar a la compañía en 2.300 millones de dólares (incluyendo intereses), siendo esta la segunda cuantía más alta en la historia del sistema de solución de disputas inversor-Estado.
De igual forma, el país ha pagado una suma cercana a los $ 118 millones por honorarios en defensa y representación legal a varios bufetes de abogados; mientras que por expensas y gastos a centros y tribunales arbitrales, como al CIADI del Banco Mundial, el monto asciende a US$ 12 millones.
Finalmente, en el tercer eje, Piedad Mancero y Alberto Arroyo señalaron que en el período 2000-2013, invirtieron en Ecuador un 48% más los países con los que no se tiene TBI que con los que se tiene. Y los países con los que se denunció los TBI no disminuyeron su inversión. Los principales inversores en Ecuador son México, Brasil y Panamá, con los cuales no se suscribió TBI. Se resaltó el rol que cumplen los paraísos fiscales en la canalización de inversión extranjera a nuestro país.
El principal rubro de IED en Ecuador es la explotación de minas y canteras (incluye petróleo) con un participación del 32%, para el período 2007-2013. Los cambios legislativos y/o regulatorios que implementó el Gobierno Nacional después de 2007, en materia petrolera, no han tenido un impacto negativo sobre los flujos de IED.
Estos avances se refieren al trabajo desarrollado hasta el primer semestre de este año. La gestión de la Caitisa continuará conforme al plazo estipulado hasta diciembre de 2014.
